El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha instado a las 'conselleries' de Educación, Formación y Empleo y de Hacienda y Administración Pública a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar las ayudas asistenciales para la adquisición de libros de texto a las familias beneficiarias o, al menos, a establecer un calendario de pagos "razonable".

El defensor del pueblo valenciano ha realizado este sugerencia, consultada por Europa Press, tras una queja de una vecina de Valencia en la que denunciaba que su hija todavía no ha recibido la ayuda para la adquisición de libros de texto que solicitó en enero de 2011, a pesar de que la orden de la Conselleria de Educación establecía que el procedimiento de pagos de las ayudas se realizaría al comienzo del curso 2011-2012.

Por su parte, Educación, en su comunicación al Síndic, aseguró que desde la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes se realizaron todas las propuestas de pago para que todos los alumnos pudieran recibir las ayudas en sus cuentas corrientes a principios del mes de septiembre de 2011.

El Síndic, en su escrito, señala que el caso denunciado no le merece "ninguna aprobación", pese a que es consciente "de las dificultades financieras por las que atraviesa la hacienda autonómica para hacer frente al pago puntual de ayudas, becas y subvenciones al estudio reconocidas a los ciudadanos".

Asimismo, Cholbi recuerda que el artículo 27 de la Constitución Española "consagra el derecho universal a acceder a una enseñanza básica gratuita y obligatoria, a obtenerla la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema públicos de becas, ayudas y subvenciones".

El defensor del pueblo autonómico destaca que aunque no es función de su institución determinar el contenido efectivo de las políticas educativas que hay que llevar a cabo, sí es "una constante preocupación" del Síndic "las quejas de los ciudadanos valencianos y todavía más en la actual coyuntura económica".

José Cholbi considera que uno de los aspectos básicos que debe presidir la actuación de los poderes públicos en materia educativa debe ser "fomentar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la educación y arbitrar todos los medios necesarios para despejar los obstáculos económicos que puedan impedir la consecución de este objetivo".

AYUDAS EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA

En esta misma línea, subraya que la política de becas y ayudas diseñada por los poderes públicos "debe partir de criterios vinculados a la capacidad económica a la hora de fijar las condiciones de adjudicación de las subvenciones fijadas en éstas". El Síndic también destaca los "esfuerzos" que realiza la administración valenciana en lo referente a los servicios complementarios o las ayudas asistenciales de comedor escolar.