El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha abierto la vía administrativa para evaluar la legalidad de la última convocatoria de cooperación que resolvió el exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco. Ayer, la ONG Solidaritat Internacional formalizó la demanda contra la Generalitat tras haber sido admitida a trámite porque consideran que hubo un fraude en la adjudicación. Cabe recordar que estas ayudas, y otras otorgadas por Blasco, están siendo investigadas por la vía penal en el alto tribunal valenciano y pueden acabar con la imputación del exconseller por diferentes delitos.
La extinta Conselleria de Solidaritat denegó a Solidaritat Internacional las subvenciones a dos proyectos en Palestina y El Salvador valorados en 550.000 euros y otro en Haití en otra convocatoria por 115.000 euros. Según explicaron desde la ONG con sede en Alicante, en la resolución firmada por Blasco "hay una falta de motivación y, además, la puntuación se ha realizado arbitrariamente". Desde la ONG consideran que hay "una desviación de poder porque entendemos que se dieron la ayudas a dedo pero con apariencia de legalidad".
La ONG, que primero tuvo que pasar el filtro del TSJ para que le aceptara el contencioso-administrativo, solicitará que se repita la convocatoria y que se les concedan las ayudas denegadas en el año 2011.
