El catedrático de derecho administrativo, Jose María Baño León, advirtió ayer que varios preceptos de la nueva ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) y la de actuaciones territoriales estratégicas contradicen directivas europeas, lo que puede ser un foco de conflictos y pleitos si no se corrigen antes de su aprobación definitiva. Baño León, una de las voces más autorizadas en derecho urbanístico, aportó ayer una visión crítica, con toques de ironía, de la Lotup, en el curso sobre la nueva ley organizada por la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Colegio de Arquitectos de la C. Valenciana.
El catedrático de derecho administrativo considera, además, que la Lotup "es una ley de futuro con poco presente" porque las disposiciones transitorias, previstas para regular el encaje de los planes en tramitación aprobados con la LRAU o con la LUV, "no entra en este asunto. La ley no aplica un régimen transitorio profundo, lo cual va a traer muchísimos problemas, porque el problema actual del urbanismo es qué hacer con todas las bolsas de suelo programadas, mucho antes de la ley urbanística valenciana (LUV)".
Sobre los incumplimientos de las directivas europeas, Baño León cree que la Lotup no debería permitir que un plan parcial reclasificatorio de suelo (de rústico a urbanizable) permita modificar sin evaluación ambiental estratégica un plan general pormenorizado (que será de competencia municipal) "porque puede motivar un futuro pleito, no se puede acotar la aplicación de la evaluación ambiental estratégica" prevista en las directivas europeas. Sobre las ATE, también cree que "la expropiación del suelo a favor de un tercero que no ostenta la propiedad de los terrenos es inconstitucional y contrario al derecho europeo. Puede generar inseguridad jurídica y que los propietarios den al traste con la operación".
Por último, el Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado un informe sobre el anteproyecto de Lotup en el que realiza varias observaciones y sugerencias y en el que valora el texto por representar una simplificación de la norma y una garantía de seguridad jurídica.
