La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, «irrumpió» ayer, sin pretenderlo, en el debate de política general de las Corts. Y lo hizo en la víspera, con sus declaraciones en las que dio un frenazo en seco a las expectativas de abrir el proceso de revisión del actual modelo de financiación autonómica, alentadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el viernes por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. «No es el momento de abrir un debate sobre el sistema de financiación porque la situación no lo permite», zanjó Cospedal tras la reunión en Génova con los vicesecretarios generales y portavoces del Congreso y Senado. El titular de la Generalitat, Alberto Fabra, ve así cómo se le desmonta el discurso en uno de los asuntos clave, el de la financiación, de cara a su primer debate de política general, una cita que afronta al mando de una comunidad con el paro desbocado y a punto de ser «rescatada» y con una bancada en la que se sientan 11 diputados pendientes de los juzgados por casos de corrupción.
Las palabras de Sáenz de Santamaría en las que abrió la vía a iniciar la evaluación del sistema de financiación en la Conferencia de Presidentes del día 2 daban oxígeno a Fabra, quien habría podido aferrarse a esta cuestión para sacar pecho ante el debate de hoy en las Corts. «Rajoy ha escuchado y recogido la reivindicación que estábamos haciendo desde el PPCV para que a los valencianos se nos financiara como nos merecemos», proclamó el sábado el portavoz de Economía del PP en las Corts, Ricardo Costa. Ahora, sin embargo, si Fabra tenía previsto sacar el asunto en la Conferencia de Presidentes, no podrá hacerlo. Y, para colmo, incumplirá con ello una resolución unánime aprobada en mayo en las Corts que emplaza al Consell a exigir la modificación del modelo y una financiación igual a la media per cápita del conjunto de autonomías.
Con posterioridad a esta resolución, el Gobierno trasladó que no tocaba ahora abrir el melón de la financiación, posponiendo el debate y posible revisión al final de la legislatura, en 2015. El Consell se resignó a este aplazamiento. En el Congreso, el PP tumbó una propuesta del PSPV que trasladaba el «pacto valenciano» de mayo. El viernes los populares vieron la luz pero la llama se ha apagado. Ayer, tras la reunión de Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los consejeros de las comunidades —a la que asistió el titular de Presidencia, José Císcar—, preparatoria de la Conferencia de Presidentes, se adelantó que en esta cita se limitarán a «iniciar la evaluación» del modelo, extremo éste incluso que descartó Cospedal. Los populares valencianos hicieron de la marginación en la financiación bandera contra el Ejecutivo de Zapatero y ahora tendrán que plegarse a Génova.
El debate sobre la C. Valenciana, en el que Fabra debe exponer las líneas de su acción de gobierno para el próximo año, estará así marcado por la financiación. El presidente concretará su propuesta de rebaja del número de diputados en las Corts y la reorganización y reducción de las instituciones estatutarias. También deberá aclarar el futuro de la sanidad, tras los planes de avanzar en la privatización, y se espera el anuncio de un plan contra el desempleo, la principal lacra. El presidente encara el reto de ofrecer como proyecto algo más que recortes, ERE y apretarse el cinturón.
Junto a la financiación, el rescate estará en la tribuna. Precisamente ayer, el Gobierno envió a las comunidades el programa de aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica, 18.000 millones para que las autonomías con problemas como la valenciana puedan atender vencimientos de deuda y pagar a los proveedores que no entraron en el Plan de Pagos (conciertos, subvenciones). La entrada en vigor podría ser esta misma semana.
Condiciones y tutela
La ayuda dará vida al Consell pero también comporta más sacrificios y tutela de la gestión. La documentación enviada a las comunidades advierte que las que quieran acceder al FLA deberán comprometerse a reducir su sector público, eliminar cargas administrativas y barreras al mercado interior y abordar nuevas reformas estructurales para racionalizar el gasto público e incrementar la competitividad. Esto es, más recortes. Cada acuerdo con Hacienda conllevará un programa de aplicación del FLA, suscrito por cada Gobierno regional con las condiciones concretas a afrontar: requisitos de información pública, condiciones fiscales y financieras, finalidad del importe recibido, seguimiento y control del programa.
