El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha asegurado hoy que "no es lo mismo facturar la atención que cobrarla", y que la nueva normativa sanitaria "no va en contra del inmigrante sin recursos, sino que pretende que los europeos que tienen ingresos paguen la asistencia que reciben en España".
Rosado, que ha comparecido en la comisión de Sanidad y Consumo de Les Corts Valencianes, ha asegurado que, según el Tribunal de Cuentas, la atención sanitaria a extranjeros ha costado más de 1.000 millones de euros en toda España.
"No es lo mismo facturar que cobrar, quien no tenga dinero para pagar no lo hará, pero si tiene bastante dinero en una cuenta corriente pagará", ha apuntado el conseller, quien ha explicado que se refiere preferentemente a ciudadanos norteamericanos, rusos, alemanes o franceses.
La oposición ha criticado que el nuevo decreto ley 16/2012 que regula la atención sanitaria generará "miedo" entre la población inmigrante a la hora de acudir a los centros de salud, motivo por el cual considera que se pueden producir problemas.
Por el contrario, el conseller ha querido lanzar "un mensaje de confianza y tranquilidad. Nadie va a quedar sin cobertura médica. Está garantizada para todos los extranjeros tengan o no residencia legal en la Comunitat. Es una reforma necesaria que busca modernizar el sistema de salud para hacerlo más justo y eficiente, no es una reforma con trasfondo económico".
Así, ha explicado que la asistencia será facturable bien a la mutua que corresponda, al seguro privado si existe, al país de origen si hay convenio suscrito o al propio particular en última instancia.
A su juicio, "no cabe la objeción de conciencia, no tiene cabida entre el personal sanitario. Son medidas para poner fin al turismo sanitario o al uso fraudulento del sistema. No persigue a quienes no tiene recurso, sino a quienes tienen recursos y no pagan lo mismo que pagamos todos".
El diputado socialista Ignacio Subías ha considerado "un dislate" las declaraciones del Ejecutivo nacional y autonómico respecto a este asunto.
"Como cuando se dijo que serían las ONG las que se harían cargo de las facturas de la atención a inmigrantes a través de convenios, sin aclarar ni cómo ni cuándo. Todo esto son ocurrencias que tienen repercusiones muy fuertes sobre el sistema de salud. Esto no tiene nada que ver con el turismo sanitario", ha apuntado.
En su opinión "quienes debieran acudir al sistema de salud pueden no hacerlo por miedo, porque no saben lo que les va a pasar".
La diputada de Compromís Mónica Oltra ha preguntado si espera que sea "el conseller de Sanidad de Senegal el que pague las facturas" y ha advertido que "la nueva legislación tendrá consecuencias porque los inmigrantes no irán a recibir asistencia médica al ver las facturas".
"Si se expulsa a los inmigrantes de la red sanitaria no irán, las infecciones permanecerán ocultas. Es un problema de salud pública de primer orden para todos los valencianos, los que tienen papeles y los que no", ha concluido.
La diputada de Esquerra Unida Marina Albiol ha pedido al conseller que concrete si la Comunitat Valenciana va a aplicar o no el citado Real Decreto, por considerarlo incompatible con la atención universal.
