El equipo rectoral de la Universidad Politécnica de Valencia, a través de los agentes sociales (sindicatos), ha anunciado una serie de medidas-recortes que supera con creces las exigencias de los gobiernos autonómico y central. La universidad debe ser un espacio para el diálogo, el acuerdo y el consenso, aplicar la fuerza del pensamiento unidireccional, buscando la aprobación de unos dirigentes políticos rechazados por la ciudadanía y acorralados por el poder judicial, conlleva un quebranto inexistente hasta el momento con el auténtico motor que mueve la universidad: sus trabajadores tanto profesorado, como personal de administración y servicios.
El sentido común debe imponerse en la dirección del equipo rectoral, con el rector Juan Juliá a la cabeza, medir milímetro a milímetro cada decisión que se adopte, y explicar a la mayoría social compuesta por los trabajadores y estudiantes de la institución, en que alivia la quebrada situación económica, del gobierno que ha permitido llevar a la Comunidad Valenciana a las puertas de un rescate, o un gobierno central que incumple un programa que lo llevó a la mayoría absoluta, en estos momentos absolutista. Medidas restrictivas laborales y sociales, recortes como la supresión del permiso por matrimonio de las parejas del mismo sexo (ni el ministro Gallardón se hubiera atrevido a cruzar esa raya roja (sic)).
Dicen que son el desarrollo de las medidas de recorte que ha adoptado el gobierno central del PP, cómo si no se bastase por sí solo el ejecutivo de Rajoy para aplicar la tijera y convertir a España en un país bipolar: ricos y proletarios. Medidas que deberían ser tomadas colectivamente en la CRUE por todas las universidades del estado y no individualmente. Los sindicatos desarmados política y socialmente, acostumbrados a los tiempos de la bonanza económica no representan a los trabajadores, siquiera a la minoría de los mismos que tiene afiliación sindical. Mientras tanto, las fisuras del equipo rectoral empiezan a ser públicas y notorias: el doble amago de dimisión del gerente de la institución, aunque como todos sabemos hasta el cargo de mayor responsabilidad mundial cuando quiere irse se va y no hay presiones ni razones que le paren, hace del final de la legislatura del rector Juliá un duro y penoso camino, con el peligro de pasar a la historia por estas últimas medidas-recorte adoptadas, que no, como sería lógico, por el resto de su mandato que se puede calificar como correcto e incluso por comparación con lo anterior: brillante.
Para finalizar hay que reivindicar la universidad como un espacio de cultura, democracia y entendimiento y hay que reconducir la negociación a los campos de la lógica social y laboral por la que debemos luchar los que somos mayoría y lo demostramos sosteniendo y haciendo viable, el día a día y la normalidad de la institución. ¿Todavía alguien pone en duda que cualquier poder democráticamente elegido, es sostenible sin los funcionarios que lo desarrollan y lo adaptan al devenir diario de la ciudadanía? Nosotros que somos mayoría en la Universidad Politécnica de Valencia, somos los únicos que podemos garantizar el normal funcionamiento y desarrollo de la misa, ¿también el equipo rectoral va a evitar involuntariamente a que realicemos profesionalmente nuestro trabajo, que está muy por encima del salario y el trato que recibimos? Recordad que somos una mayoría, que aunque dormida, como el resto de la ciudadanía, despertará y lo primero que os dirá es: Basta Ya. ¿Aplicaréis entonces el sentido común que debe y merece tener una institución con el prestigio de la UPV?
El tiempo dará o quitará razones.
