Los valencianos estrenarán 2013 pagando más impuestos. El Consell aprobó ayer el proyecto de ley que regula los nuevos tributos medioambientales, las tasas judiciales y la recuperación e incremento de los impuestos que gravan las grandes fortunas y la compra-venta de viviendas. El paquete de medidas que busca hacer caja y levantar los menguados ingresos de la Generalitat fue anunciado hace meses en el marco del plan económico financiero de reequilibrio de la Comunitat Valenciana. Con su aplicación -la ley será aprobada antes de finalizar el año-el Ejecutivo de Alberto Fabra busca salvar los objetivos de déficit y poner orden en unas cuentas que ya no están para alegrías.

El objetivo es recaudar 156 millones de euros, un ahorro que en buena parte saldará directamente del bolsillo de los ciudadanos. A partir de ahora, acudir a la Justicia tendrá un coste adicional, ya que se cobrarán tasas por determinados trámites como por apelaciones o recursos. Las tasas, tal como se informó el pasado mes de junio, oscilará entre 50 y 95 euros; por debajo de lo que cobran otras comunidades. Con todo, habrá excepciones. Ni los pleitos de la jurisdicción penal o social serán objeto de tasa, como algunas materias contencioso-administrativas como las referentes a los derechos fundamentales. Además, tendrán una bonificación del 50 % los autónomos, las familias numerosas y las monoparentales. El copago reportará al Consell unos 8 millones de euros al año. Este dinero, según aclaró el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, será destinado a modernizar las infraestructuras judiciales. Según Vela el objetivo de las tasas es obtener recursos adicionales, pero también como elemento disuasorio "frente a aquellos que recurren a la Justicia de forma innecesaria o hace uso de los recursos con fines dilatorios".

En pleno declive del boom inmobiliario y con el sector de la vivienda bajo mínimos, el Consell también quiere explotar el impuestos de transmisiones patrimoniales, un tributo que hace unos años llegó a ser el que más recursos generaba a la Generalitat. El impuesto, que grava la compra venta de la vivienda pasa del 7 al 8%. Es decir, aquellos que compren un inmueble de segunda mano tendrán que ingresar a Hacienda el 8 % del valor del bien. No obstante, se mantienen los tipos reducidos para familias numerosas, personas discapacitadas y viviendas de protección oficial. Hacienda estima que la recaudación adicional alcanzará los 44,7 millones.

El otro gran paquete de medidas tiene que ver con los impuestos medioambientales. Básicamente se crean dos nuevos impuestos que afectarán a las empresas contaminantes o aquellas dedicadas a la eliminación de residuos en vertederos. En total, con ambos se prevé una recaudación aproximada de 31 millones de euros. Las empresas hidroeléctricas o las centrales nucleares serán las principales afectadas. Vela explicó que los recursos obtenidos se invertirán en proyectos medioambientales. El conseller de Hacienda aclaró que el coste del tributo sobre residuos no se trasladará a las tasas de recogida y tratamiento de basuras urbanas que pagan directamente los ciudadanos. La ley incluye una relación de tarifas que varían en función de la peligrosidad de los residuos o el nivel de contaminación. Se exceptúan del pago las denominadas actividades limpias, tales como la producción de energía eléctrica a partir de energía eólica; la producción de energía eléctrica para autoconsumo o el almacenamiento de residuos radiactivos para actividades médicas o científicas. Aplicar en la Comunitat Valenciana el viejo principio ecologista de quien contamina paga, permitirá ingresar unos 30 millones de euros. Vela justificó la introducción de los impuestos medioambientales y dijo no compartir algunas de las cuestiones planteadas por el Comité Económico y Social en su dictamen que alertaba sobre el impacto negativo para la industria. El conseller minimó el impacto para estas empresas e indicó que las más afectadas serán las centrales nucleares.

Impuesto a las grandes fortunas

La cuarta pata del proyecto de ley y de mayor impacto económico es la recuperación del impuesto de patrimonio, un tributo que grava las grandes fortunas y que el Consell tenía bonificado al cien por cien. El Consell ha tenido que acabar claudicando. Empezará aplicarse en la declaración de la renta de 2013, aunque referido a 2012. Se prevé ingresar 70 millones.