El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha imputado al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y actual portavoz del PP en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, en la causa que investiga la supuesta malversación de fondos públicos para ayudas a la cooperación.

La instructora, Pía Calderón, en una providencia con fecha de este lunes, ha citado a declarar a Blasco para el próximo 18 de octubre a las 10.00 horas, con la advertencia de que deberá comparecer asistido por abogado que le defienda. Blasco se apartó de sus funciones como portavoz del PP en las Corts de forma momentánea tras conocerse la resolución de la juez de primera instancia, que investigaba esta causa desde mayo de 2011.

El TSJCV se declaró competente el pasado 5 de septiembre para investigar esta causa, conocida como "caso cooperación", en la que hay 27 personas imputadas y un empresario en prisión, y que se inició en mayo de 2011 tras una denuncia particular por supuestas irregularidades en la concesión de ayudas de la Generalitat a la cooperación internacional.

El sumario de esta causa fue remitido el pasado mes de junio al TJSCV, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 21 observara indicios de delito en la actuación de Blasco -aforado por su condición de diputado autonómico- durante su etapa como conseller de Solidaridad.

Anuncia su renuncia a la portavocía del PP en las Corts

Rafael Blasco, nada más conocer su imputación, explicó que ya "me estoy preparando para colaborar con la justicia" y "poder defenderme" después de "24 meses en los que he estado sometido a un linchamiento político". Blasco anunció que abandona la portavocía del PP en las Corts como "ya dije que haría en junio" aunque "voy a seguir siendo diputado autonómico". Blasco se mostró "convencido de mi inocencia y voy a demostrarlo" y recordó que "eso de la presunción de inocencia se le presupone a todo el mundo pero rápidamente se cargan las tintas contra uno".

De esta forma, Blasco formalizará su decisión previsiblemente en la primera reunión del consejo de dirección y del grupo parlamentario que se celebre, donde comunicará que se aparta de las funciones de portavoz y se queda como diputado autonómico.

Fabra le avisó de que "tendría que dejarlo"

Cabe recordar que el presidente Alberto Fabra aseguró en junio, tras apreciar el juez indicios de "hechos delictivos" por parte de Blasco, que el síndic del PP mantendría el cargo hasta el momento en que fuera "efectiva" su imputación y que cuando ésta fuera efectiva "tendrá que dejarlo". En este sentido, Fabra ha asegurado esta tarde que el acta de diputado "es personal" pero ha reiterado que "las personas imputadas" en un proceso judicial "no van a tener responsabilidades en el partido". Ante la insistencia de los periodistas por si Blasco debería haber renunciado a su escaño, además de dejar la portavocía del PP en las Corts, el jefe del Consell defendió la "presunción de inocencia" y se ciñó a los estatutos del partido abriendo "un expediente informativo" a cualquier imputado.

El PP le abre expediente informativo

Facturas irregulares

La acción judicial de la causa se centra en el supuesto desvío de las cantidades concedidas a determinadas ONG mediante facturas hinchadas para justificar el dinero recibido.

Entre los afectados por la supuesta malversación se encuentran diferentes proyectos en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, El Salvador, Haití y Nicaragua.

La providencia del TSJCV recuerda que las diligencias de investigación realizadas en el juzgado número 21 de Valencia le llevaron a estimar la existencia de "sólidos indicios" de participación de Blasco en la comisión de los hechos investigados.

Dichos hechos han sido inicialmente calificados como delitos de fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Asimismo, se insta a comunicar la resolución personalmente a Blasco y a las partes personadas, con la advertencia de que contra la misma cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días sin necesidad de consignar cantidad alguna, excepción hecha de las acusaciones populares, que deberán constituir un depósito de 25 euros.