03 de octubre de 2012
03.10.2012

Blasco no deja el escaño pese a ser imputado en el fraude de las ONG

El exconseller de Solidaridad, que se niega a dejar su escaño en las Corts, declarará el próximo 18 de octubre en el TSJ - La magistrada investiga el presunto desvío de 6 millones de euros de ayudas del Consell al Tercer Mundo a cuentas en el extranjero y la compra de pisos

03.10.2012 | 12:48

Rafael Blasco dimitió ayer como portavoz del PP en las Corts tras ser imputado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que investiga el desvío de más de seis millones de euros de ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo. El dinero presuntamente desviado fue a parar a empresas privadas y a la compra de pisos en Valencia y Miami. Pese a que se le acusa de delitos tan graves como la prevaricación, el cohecho o la malversación de fondos públicos, el exconseller de Solidaridad aseguró que mantendrá su puesto como diputado en la Cámara, situación que le permite ser aforado y prestar declaración en el alto tribunal valenciano.

La magistrada del TSJ María Pía Calderón, que se declaró competente para investigar el caso Cooperación el pasado 5 de septiembre, citó ayer a Blasco para interrogarlo el próximo día 18 de octubre a las 10 horas. La juez pretende que el exconseller de Solidaridad explique su presunta implicación en la comisión de los delitos de "fraude de subvenciones (artículo 308 del Código Penal), prevaricación (artículo 404 del C.P.), cohecho (artículo 419 del C.P.), tráfico de influencias (artículo 428 del C.P.), malversación de caudales públicos (artículo 432 del C.P.) y falsedad documental (artículo 390 del C.P.)". De momento, estos son los delitos que investiga el TSJ a la mayoría de los ya 28 imputados, aunque el número podría ampliarse puesto que las pesquisas por blanqueo de capitales continúan bajo secreto en el Juzgado de Instrucción número 21 que inició la causa.

La magistrada Pía Calderón se basa para imputar a Blasco en el duro auto emitido por la jueza de instrucción Nieves Molina y en los demoledores informes del Fiscal Anticorrupción de la Comunitat Valenciana y el Fiscal General del Estado. Los tres estiman "la existencia de sólidos indicios de la participación de Blasco" en los hechos delictivos investigados.

La acción judicial, que nació tras las revelaciones de Levante-EMV y la denuncia de las diputadas de PSPV y Compromís Clara Tirado y Mireia Mollà, se centra en el supuesto desvío de cantidades concedidas por la conselleria que dirigía Blasco a media docena de ONG que cobraban el dinero sin hacer los proyectos.

Los 6 millones, que tenían que haber llegado a Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, El Salvador, Haití y Nicaragua, acabaron en empresas privadas, en la compra de pisos en Valencia y Miami y en la adquisición ficticia de un yate. Además, la trama de ONG abrió cuentas en EE UU, algunas en el estado de Delaware, considerado por los expertos un paraíso fiscal.

El Fiscal Anticorrupción considera que el empresario encarcelado por el caso, Augusto César Tauroni, y Rafael Blasco se habrían puesto de acuerdo para presuntamente desviar el dinero de Cooperación. Además, según los pinchazos telefónicos, Blasco sería conocedor de a dónde iba a parar el dinero y supuestamente se habría beneficiado gracias a la entrega de sobres con billetes, considera el Ministerio Público. Además, existen numerosas declaraciones de testigos e imputados que concluyen que Blasco habría intercedido para que las subvenciones fueran otorgadas a las ONG de la trama.

En el caso hay ya 28 imputados, desde subordinados de Blasco en la extinta Conselleria de Solidaridad hasta presidentes de ONG y empresarios, que eran los que ayudaban a blanquear el dinero desviado. Las organizaciones eran las que recibían el capital y pagaban a las empresas por servicios nunca prestados. Todos estaban compinchados con funcionarios de la conselleria para aprobar las justificaciones.

Las conversaciones interceptadas por la policía han revelado una total falta de consideración hacia los más desfavorecidos. Escandalosas fueron las afirmaciones del hermano de Tauroni, quien se refería a los africanos como "los negratas".

Dos demandas y una docena de rectificaciones para silenciar el caso
El exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y la Fundación Hemisferio, matriz del entramado corrupto, utilizaron un derecho que ampara a todos los ciudadanos para intentar silenciar las informaciones de Levante-EMV. Ambos presentaron más de una decena de peticiones de rectificación y dos actos de conciliación, la mayoría con dinero público, para intentar restar credibilidad a las noticias sobre la trama de ONG y funcionarios que ahora ha confirmado la instrucción judicial y que ha acabado, de momento, con la imputación del otrora conseller. Hasta los jueces que estudiaron las demandas contra este periódico tuvieron que explicar a los abogados de la Generalitat el funcionamiento del derecho a réplica, siempre garantizado en estas páginas, según avalaron los propios magistrados. Cuando se extinguió la Conselleria de Solidaridad, tanto Hemisferio como Blasco, dejaron de reclamar rectificaciones, pese a que este rotativo siguió publicando informaciones de la red ahora investigada por la Justicia. s. p. valencia

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