03 de octubre de 2012
03.10.2012

Siete veces conseller y ocho trienios de escándalos

El exportavoz del PP en las Corts afronta de nuevo una causa judicial de presunta corrupción 23 años después de ser destituido por Lerma en Obras Públicas

03.10.2012 | 16:57

El expresidente Eduardo Zaplana lo escuchó proclamar aquello de "estoy dispuesto a trabajar con cualquier partido para echar al PSOE" y lo fichó. Corría el año 1995. Entre sus aportaciones estratégicas a la causa popular destaca haber contribuido al diseño y ejecución de la operación para fagocitar a UV y lograr así que el PP se instalara en una cómoda mayoría absoluta en 1999. Y ahí sigue. El segundo que lo llamó, como quien marca el 112 de emergencias, fue Francisco Camps en noviembre de 2009, cuando sintió que los trajes Gürtel lo ahogaban políticamente.

Ahora es él, Rafael Blasco (Alzira, 9 de febrero de 1945) quien necesita ayuda, tras ser imputado por el TSJ en la causa de la cooperación. Blasco llevaba cuatro meses en cuarentena desde que el 12 de junio decidió convertirse en portavoz sin funciones. En realidad, Blasco lleva 23 años en cuarentena. Ejerciendo de profesional del poder a la manera borgiana. Trabajando de autónomo sindicando acciones. Con el PSPV y luego con el PP y siempre cautivador, admiten hasta sus detractores, en la distancia corta. Nueve trienios de superviviente (no en balde, educó su instinto en la orilla del Xúquer a golpe de riadas) que arrancaron cuando, el día de los Inocentes de 1989, Lerma lo apartó de Urbanismo. Pinchazos telefónicos revelaron el posible amaño en la venta de un solar del Ivvsa en Paterna. Blasco se sentó en el banquillo, pero el Supremo anuló las cintas en 1991.

Desde entonces ha ido formando una estela de escándalos a su paso por siete conselleries con cuatro presidentes (Lerma, Zaplana, Olivas y Camps) y los dos partidos mayoritarios. El hombre que en 1993 fracasó en su intento de cohesionar el valencianismo en un partido, Convergència Valenciana, sí ha sido capaz de vertebrar toda su carrera política en torno al eje de las adjudicaciones presuntamente irregulares a un grupo de personas vinculadas a él.

Empezando por Augusto César Tauroni, el cabecilla de la trama de Cooperación. Tauroni -que fue socio de Bernardo Blasco, hermano del exconseller- era administrador de la firma GCS, que compartía sede, teléfono y web con Lonerson Trade, una sociedad "dormida" gestionada por Adolfo Soler Sempere, otro protagonista del entramado de Cooperación a través de la firma Dinamiz-e.

Lonerson se llevó en UTE con otras empresas los contratos de teleasistencia y los Centros Mujer 24 Horas. GCS ganó también contratos por su cuenta. Casi 8 millones adjudicados bajo sospecha en Bienestar Social, donde antes ya otorgó la gestión de cuatro geriátricos a una mercantil que cedió ese contrato a una sociedad inactiva vendida dos días después a un promotor sevillano.

En Territorio y Vivienda impulsó las empresas de capital mixto con socio privado elegido a dedo y la firma Vaersa, adscrita a esa conselleria, otorgó el primer contrato que Orange Market se llevó de la Generalitat. 138.678 euros, tras un paripé de selección al solicitar ofertas a tres empresas Gürtel con el mismo gerente. En Sanidad, la concesión de un contrato informático de 3 millones en contra de informes técnicos provocaron la dimisión de un director general. Son solo algunas de las sombras de la multidisciplinar gestión de Blasco.

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