El Pleno del Consell aprobará mañana viernes el proyecto de decreto ley de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat. La medida, según el borrador al que ha tenido acceso Levante-EMV, afecta a 23 empresas en las que el Gobierno valenciano es el socio mayoritario o tiene acciones, 20 entidades de derecho público de la Generalitat y 13 fundaciones del sector público. En definitiva un grupo empresarial paralelo a la Administración, que sin contar al ente Radiotelevisió Valenciana (RTVV) y a la Agencia Valenciana de Turismo, da trabajo a unas 9.000 personas.

La reestructuración suprime 34 empresas, entes y fundaciones. Concretamente extingue 14 sociedades mercantiles y vende sus participaciones en otras cinco, liquida 15 entes de derecho público y suprime dos fundaciones (a otras tres las excluye del sector público). La plantilla de las 34 entidades extinguidas pasará a los cinco grandes entes públicos en los que reorganiza la actividad el Consell —CulturArts, Ente de Infraestructuras de la Generalitat, Instituto Valenciano de Competitividad, Instituto Valenciano de Servicios Sociales y la Corporación Pública Empresarial Valenciana— o a las diferentes conselleries que asuman las tareas.

Sin embargo, el decreto sólo prevé integrar al personal funcionario de carrera y al personal laboral fijo. Es decir a los empleados públicos que sin ser funcionarios «han superado los correspondientes procesos selectivos» contemplados por la ley: una oposición o un concurso-oposición. En ambas situaciones, según fuentes de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT, apenas se encuentra el 20 % de la plantilla de las empresas y fundaciones públicas. Así pues, el «adelgazamiento» de esta Generalitat paralela amenaza a más de 7.000 puestos de trabajo.

Se trata de personal laboral no temporal —aquel que tiene un contrato indefinido pero que no ha aprobado unas oposiciones— o trabajadores con contratos temporales. En el primer caso, el decreto contempla la integración del trabajador en los nuevos entes «sin la adquisición de la condición de fijo», pero deja abierta la posibilidad de amortizar su puesto con el consiguiente despido. En cuanto a los trabajadores temporales, el Consell los enviará directamente al paro cuando concluyan sus contratos pues el decreto prohibe que éstos se prorroguen «una vez vencido su plazo máximo de duración».

Entre 3.000 y 4.500 despidos

Hoy por hoy, es complicado estimar cuántos de estos puestos de trabajo que la reestructuración del sector público empresarial deja en el aire serán amortizados. Por no estar claro, no se sabe a ciencia cierta la cifra de empleados en este sector público empresarial. El Consell hablaba en mayo de 7.555 trabajadores, pero la FSP de UGT eleva la cifra a 9.000.

En lo que va de año ya se han producido Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que suman más de 400 despidos en entes y sociedades del Consell como el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) o en Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa).

Hace cuatro meses la Generalitat apuntaba que con esta reestructuración iba a ahorrar más de 200 millones de euros, la mitad de ellos en gastos de personal. El Consell barajaba entonces despedir a entre un 40 y un 50% de la plantilla del sector empresarial y fundacional público, con lo que dependiendo de la cifra que se tome por buena los despidos podrían ir desde los 3.000 a los 4.500. Máxime cuando el decreto contempla que en los presupuestos de la Generalitat para 2013 «no se incluirá ningún puesto de trabajo vacante que no tenga titular de los entes del sector público empresarial y fundacional, los cuales deberán ser amortizados, salvo justificación de la absoluta necesariedad del puesto que deberá ser autorizado por la conselleria en materia de presupuestos».