La Abogacía del Consell y Hacienda vuelven a tumbar el nuevo modelo de gestión sanitaria

Tras varias reuniones maratonianas celebradas durante toda la semana para encajar las cláusulas de los pliegos de licitación, la Abogacía ha emitido un informe desfavorable en el que se opone a las condiciones referidas al paquete más voluminoso: el del concurso de los Servicios Generales que debería abarcar la seguridad, la restauración o cocina, la lencería, la lavandería, el mantenimiento, el teléfono, internet... Rosado propuso que la vigencia del contrato fuera cuatro años prorrogables a dos y que el ahorro anual que se lograría con esta fórmula sería de 13,5 millones al año y 105 millones en diez. Para adjudicar los concursos, Rosado agrupó los 18 departamentos de salud en siete lotes y estableció que a cada operadora se le podrían adjudicar tres lotes como máximo.

Clasificación de las empresas

Parece ser que el nuevo contrato de suministros de servicios ha tropezado con un obstáculo clave de la Ley de Contratos referida a la clasificación de las empresas.

Las firmas que optan a este tipo de contratos necesitan tener una certificación de la Administración que reconoce que están capacitadas para prestar determinado tipo de servicio. El marco legal solo permite conceder tres certificaciones a la misma mercantil y este podría ser uno de los hándicaps legales ya que el concurso, que sería integral, abarca hasta cinco actividades diferentes que tendría que gestionar el mismo operador.

En la idea inicial de este segundo modelo de agrupar los servicios generales para sacarlos a concurso hay otro matiz importante y es que la empresa que opte al bloque de la seguridad de las instalaciones solo puede estar certificada para realizar esta prestación, según informaron a Levante-EMV fuentes próximas a la Administración sanitaria.

El conseller Rosado indicó que el nuevo modelo entraría en vigor en marzo de 2013, al tener como referencia el concurso de seguridad que finaliza a finales de febrero y está unificado en todos los departamentos, al contrario de lo que ocurre con el resto de contratos como el de la limpieza que no se podrá licitar hasta dentro de dos años que es cuando finaliza en la práctica totalidad de los departamentos y que, además, está asignado a varias adjudicatarias.

Con los concursos de cocina y lavandería pasa lo mismo, en cada área sanitaria finaliza en una fecha distinta y son varias las empresas proveedoras. Esta diferencia de fechas en la finalización de los compromisos adquiridos también el encaje legal de la redacción de los pliegos.

El conseller de Sanidad se vio obligado a presentar una nueva opción de gestión ante los informes demoledores que la Abogacía de la Generalitat y la Intervención emitieron a principios del verano del primer borrador, que contemplaba como novedad el pago de un canon de 360 millones por parte de las adjudicatarias durante los dos primeros años.

Rosado finalmente tuvo que renunciar a la idea original al no encontrar el anclaje legal para sacarlo adelante.

Tras dedicarse todo el verano junto con su equipo a elaborar una nueva estrategia de gestión, optó por cambiar sustancialmente el concepto original y de la gestión directa de los servicios sanitarios por parte de las mercantiles pasó al contrato de suministro de servicios que es el que acaba de ser rechazado por la Abogacía.

La intervención de Hacienda tampoco da el visto bueno a la parte del modelo que incorpora la figura de las consultoras privadas para controlar la productividad y el pago de incentivos a los funcionarios, sobre todo porque esta regulación que afecta a personal estatutario no puede estar en manos privadas.

Aunque Rosado declaró que cobrarían del ahorro que obtuvieran — «cuánto más ahorren, más cobran»—las firmas han expresado que el pliego debe incorporar una asignación fija por el trabajo a realizar, a la que se añadirá el porcentaje de beneficio, que será entre un15 y un 20 %.

Una tarifa plana que cuesta el doble que en Madrid

Una de las modalidades que incorpora el nuevo modelo de gestión sanitaria es el de sacar a tarifa plana cuatro grandes servicios complementarios de asistencia: la oxigenoterapia, las resonancias magnéticas, la hemodiálisis y el transporte sanitario y no sanitario. Con esta fórmula, el conseller de Sanidad pretende ahorrar 44,5 millones de euros anuales.

Esta nueva fórmula de gestión consiste en negociar con las empresas que ya tienen asignado los concursos una tarifa capitativa por habitante y año para dar el servicio a fin de compartir el riesgo.

La misma fórmula la ha aplicado ya la Comunidad de Madrid para las prestación de oxigenoterapia. La comparación entre el modelo que ya está vigente y el que se aplicará en la Comunitat Valenciana es puramente económico. Mientras que la cápita por habitante y año para las empresas encargadas de dar esta prestación en Madrid es de 4 euros, aquí se plantea una tarifa de 8 euros.

¿Por qué?

Pues porque la prestación del servicio tiene un coste anual ya asignado de 40 millones (8 euros x5 millones de habitantes), que es la cifra que dio el conseller Rosado cuando explicó este apartado en la presentación.

Fuentes consultadas por este periódico dudaron de que la tarifa plana se pueda extender a todos los servicios complementarios que incluye la nueva estrategia de gestión. De hecho, en el capítulo de transporte no podrá aplicarse porque el pago está establecido por tipo de vehículo.

En el de Hemodiálisis será de muy difícil aplicación porque se trata de tratamientos asignados a pacientes y no de los que se prescriben a discreción del médico como ocurre con las Resonancias Magnéticas que dependen del criterio del especialista.

El objetivo del conseller de Sanidad al incorporar la tarifa plana en estos cuatro grandes sectores es obligar a las empresas adjudicatarias a ceñirse estrictamente a la cantidad de gasto anual fijado en cada uno de los contratos, una buena fórmula que daría fin a los crecidos presupuestos de la exploraciones de Resonancia Magnética que cada año se encarecen un tercio del presupuesto asignado en el concurso.

La aplicación de la tarifa plana tiene que ser aceptada por las empresas que tienen adjudicados estos servicios porque serán ellas las que carguen con el coste del exceso de demanda, como sucedería con las de Resonancia en el caso de que aceptaran, que está por ver. En este sentido, el conseller lo definió como una «gestión compartida» y lo que se pretende es hacer una revisión global con precios integrales por usuario y año.

El concurso de Resonancias finalizará en 2018 y hasta esa fecha la conselleria tiene un compromiso que solo podrá variar si la adjudicataria lo acepta.

La última opción que incluye el nuevo modelo de gestión con el que Rosado quiere ahorrar 105 millones en 10 años es el de la Central Logística, una por provincia, si bien parece ser que la idea quedará en un operador que se encargará de distribuir el material.