Julio Iglesias admitió ante el juez dominicano que le interrogó por el caso IVEX que cobró íntegramente los seis millones de euros del contrato. El Consell de Zaplana, como informó Levante-EMV, ocultó el contrato real y aseguró que el coste era de 2.253.795 euros (375 millones de pesetas frente a los mil millones libres de impuestos que realmente se embolsó el cantante). El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se jactó en las Corts de que «nunca en la vida» se podría «acreditar» ninguna irregularidad.
Julio Iglesias y el exdirector del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) José María Tabares firmaron el 29 de diciembre de 1997 dos contratos. El que se hizo público establecía un pago de 375 millones de pesetas al artista por ejercer de embajador comercial de la Comunitat Valenciana. El que escondió el Consell a la opinión pública y a las Corts elevaba esa cantidad hasta los 990 millones de pesetas. Eduardo Zaplana, en aquel momento presidente de la Generalitat, intervino en la negociación. Los 375 millones de pesetas oficiales se pagaron en cheques nominales y presuntamente firmas ligadas al cantante cobraron sumas millonarias en paraísos fiscales. La operación está en tela de juicio por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y delito fiscal.
Eduardo Zaplana siempre ha negado el pago de los mil millones de pesetas con fondos públicos a Julios Iglesias. En 2001 declaró que se había «contado hasta la saciedad» que el contrato ascendió a «375 o 372 millones de pesetas y no hay nada más». El en aquel momento presidente de la Generalitat Valenciana invitó al PSPV a acudir a los tribunales, pero le advirtió: «No podrá acreditar nunca en la vida nada porque todo son fantasías». El PSPV llevó el caso al juzgado y los anexos del contrato que acreditaban el sobrecoste aparecieron.
El titular del juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, Luis Carlos Presencia Rubio, recibió hace unos días la declaración que prestó Julio Iglesias en el Palacio de Justicia de Higüey (ciudad de la República Dominicana que está a cincuenta kilómetros de la residencia del artista en Punta Cana). El juez Luis Carlos Presencia envió un cuestionario a Higüey para que el cantante declarara como testigo y beneficiario del contrato B con el IVEX.
El magistrado valenciano llegó a citar al artista para que declarara en la Ciudad de la Justicia en julio aprovechando que actuaba en Valencia, pero en el último momento anuló la comparecencia al enterarse de que ya había testificado ante el juez dominicano Juan Carlos Morales. El magistrado de Higüey explicó a este periódico que el cantante «fue claro en las respuestas». Julio Iglesias podría haber incurrido en un delito de falso testimonio en el caso de faltar a la verdad como testigo.
Malestar de las acusaciones
Julio Iglesias evitó con su comparecencia en el juzgado dominicano el interrogatorio del fiscal, la acusación popular (ejercida por el PSPV) y el juez. El instructor remite en estos casos preguntas, pero no cabe la repregunta, lo que jurídicamente se llama «interrogatorio con contradicción».
La decisión causó un gran malestar en las partes que no entendieron por qué el juez no aprovechó la gira española del cantante para interrogarle. Las acusaciones recurrieron la decisión ante la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia. Sin embargo, la Audiencia „que decidió levantar el archivo del caso en julio de 2010„ acaba de dar la razón al magistrado y ha rechazado que el cantante vuelva a comparecer en el juzgado.
El artista declaró durante una hora y media ante el magistrado de Higüey. Julio Iglesias aseguró que la promoción por la que cobró seis millones de euros libres de impuestos fue «un éxito».
Las partes esperan ahora el resultado de sendas comisiones rogatorias a Sanghai y a Dublín. Las acusaciones quieren que presten declaración el responsable de la oficina del IVEX en Shanghai donde presuntamente se justificaron pagos con facturas falsas por un recital de Iglesias y los representantes de la firma irlandesa Midway International.
El juzgado que investiga el caso también está pendiente de localizar al exdirector del IVEX José María Tabares para poder cerrar la instrucción. El último paradero conocido del exdirector del IVEX es Tokio. José María Tabares se instaló en la capital japonesa poco antes de la que la Audiencia Provincial de Valencia dictara una orden de busca y captura contra él hace cinco años. Tabares tiene pendiente una condena de cinco por una estafa de 1,8 millones que cometió durante su etapa en el IVEX.
