13 de octubre de 2012
13.10.2012

El PP quitará la ayuda a partidos y entidades que usen o lleven País Valencià en sus siglas

16.10.2012 | 03:12

La izquierda será vetada en sus iniciativas parlamentarias si usan la denominación que está en el Preámbulo del Estatut - Castellano pilota la estrategia popular para recuperar el voto regionalista

El «período de reflexión» con los grupos de la oposición anunciado por el nuevo portavoz del PP en las Corts, Jorge Bellver, en su estreno en el cargo el martes, ha durado escasas 24 horas. Los populares, conscientes del posible naufragio ante el electorado por la política de recortes de Rajoy y del propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, han recurrido a un clásico: el fantasma de la amenaza catalanista. Una estrategia de la que siempre han echado mano en momentos de máxima dificultad. Lo hizo el expresidente Francisco Camps, en los peores momentos de su calvario judicial por el caso Gürtel, y ahora lo hace su sustituto para desviar la atención de la miseria económica que vive la Generalitat.

Fabra, quien curiosamente defendió las emisiones de TV3 en las comarcas valencianas cuando era alcalde de Castelló, ha avalado la presentación por parte de Bellver de dos proposiciones no de ley sobre señas de identidad, una de ellas, para censurar cualquier iniciativa parlamentaria en las Corts o documento presentado ante la Administración cuyos autores no utilicen la denominación de Comunitat Valenciana. En la práctica, de llevar hasta sus últimas consecuencias esta iniciativa, esto supone la «muerte» administrativa de cualquier entidad privada en la C. Valenciana que use o lleve en sus siglas la denominación, reconocida en el preámbulo del Estatuto de 1982 y de 2006, de País Valenciano.

La propuesta de los populares se hace a raíz de una resolución del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 25 de junio, en la que se alude a Països Catalans y a País Valencià. Los populares pretenden que las Corts emitan una «condena de cualquier agresión, vulneración o desprecio que se haga, venga de donde venga» a la «personalidad diferenciada» del pueblo valenciano, su «denominación y demarcación territorial y sus señas de identidad». Acto seguido, plantean que la Cámara Autonómica haga «un llamamiento a todas las instituciones públicas del Estado español, a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales, universidades, institutos, colegios y organizaciones de cualquier tipo y personas físicas y jurídicas a respetar y utilizar en sus actuaciones las singularidades de pueblo valenciano que se corresponden con la oficialidad que señala nuestro Estatut». La traca viene al final cuando la propuesta ordena a las Corts «no dar trámite en esta institución, y mandatar al Consell a que todos los departamentos de la Administración autonómica actúen de igual forma cuando se trate de iniciativas parlamentarias o cualquier documento o escrito que no respete el contenido» de la resolución.

De este modo, sobre el papel, cualquier escrito del Partido Socialista „cuya denominación oficial es Partit Socialista del País Valencià-PSOE„ así como de Esquerra Unida del País Valencià o Compromís del País Valencià quedarían invalidados ante la administración. Por tanto, si el Consell cumpliera a rajatabla el acuerdo que plantea el PP, ninguna de estas formaciones tendría derecho ni siquiera a recibir las subvenciones para los partidos políticos. O eso o imponer un cambio en su denominación. Lo mismo valdría para cualquier entidad pública o privada, empezando por todos los sindicatos de izquierda o entidades cívicas y culturales.

Esta estrategia de agitar las esencias de Unión Valenciana la timonea Serafín Castellano, quien abandera dentro del Consell el ala valencianista del PP. No es nuevo. La comisión de las señas de identidad o la restauración de la señera con fue envuelto el cuerpo de Blasco Ibáñez o una iniciativa contra la denominación País Valenciano en el debate de política general son todas ellas iniciativas que forman parte de la misma estrategia.

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