Dinamiz-e, la empresa de informática que creó el entramado de ONG investigado por la Justicia, gestionó y llevó el mantenimiento del sistema Abucasis de la Conselleria de Sanidad como empresa subcontratada, según ha podido saber este periódico de extrabajadores de la firma cuyo propietario está en prisión por el caso Cooperación, Augusto César Tauroni. Dinamiz-e nunca fue adjudicataria directa, su pequeño tamaño hubiera levantado sospechas, pero trabajó para grandes empresas que ganaron concursos millonarios para la constitución de la base de datos que gestiona los historiales sanitarios de los 5 millones de valencianos. Varios de estos concursos fueron adjudicados con Rafael Blasco como conseller de Sanidad (2006-2007), ahora imputado en el mismo caso que Tauroni.

La primera adjudicataria del proyecto fue la empresa Capgemini España, que a su vez subcontrató a la firma Dimensión Informática, como ya publicó en su día este periódico. En estos primeros años, entre 2002 y 2006 era Dimensión Informática la sociedad que solicitaba los servicios de Dinamiz-e.

Es con la llegada de Blasco cuando Dimensión Informática pasa de ser una contratista a conseguir en UTE con Capgemini la adjudicación por 2 millones de euros del «plan de choque para la implantación del programa Abucasis en todos los centros de la Conselleria de Sanidad», en mayo de 2007. En ese momento Dinamiz-e continúa subcontratando con Dimensión informática. De hecho, en esas fechas, el conglomerado de empresas de Augusto César Tauroni (Dinamiz-e, Lonerson y GCS) llega a tener medio centenar de trabajadores ya que disponían de suculentos contratos en la Conselleria de Bienestar Social, según confesó a este periódico uno de sus exdirectivos.

En agosto de 2008, la empresa Dimensión Informática es absorbida por la multinacional Indra Sistemas, según el registro mercantil. En ese momento, Indra continúa con el desarrollo de Abucasis pero no prescinde de Dinamiz-e, al menos hasta abril de 2009, según los currículum vitae de dos empleados de Tauroni en poder de este periódico. El trabajo de estas personas consistía en la «programación para el mantenimiento y evolución del módulo de prescripción médica asistida del Abucasis».

Cabe recordar que en la actualidad Indra Sistemas ya desarrolla la mayoría de aplicaciones del Abucasis. De hecho, esta sociedad que cotiza en el IVEX 35 obtuvo en junio de 2011 el lote 1 y 3 de desarrollo tecnológico y funcional de las aplicaciones del proyecto Abucasis por 4.456.270 euros y 246.620 euros, respectivamente.

Pero Dinamiz-e no sólo estuvo como subcontratista en el proyecto Abucasis, sino que desarrolló gran cantidad de aplicaciones informáticas de la Generalitat para multinacionales. Y esa práctica la explicó el exgerente del entramado en una denuncia presentada ante un juzgado de lo social por un impago. En el escrito, que ya forma parte del sumario de Cooperación, el exgerente de Lonerson desde 2002 revela las conexiones entre media docena de empresas que se han beneficiado de contratos millonarios con la Generalitat, información de gran interés para la magistrada y el fiscal que indagan en los contratos que la trama recibió de la Conselleria de Solidaridad.

Según el denunciante, «Dinamiz-e (sociedad que creó la Fundación Hemisferio), como subcontratista de las empresas directamente contratadas por la Generalitat (Fujitsu Technology Solutions SAU e Ibermatica SA) para el desarrollo de determinados trabajos y servicios, repartía el trabajo entre los empleados de las dos empresas GCS y Lonerson. Dichos contratos se han desarrollado con total normalidad desde el año 2002 al año 2010».

Según el exgerente de Lonerson, los contratos que reciben de la Generalitat las grandes empresas Fujitsu e Ibermatica se subcontrataron al 100 % con Dinamiz-e, firma que a su vez delega en Lonerson y GCS. Desde enero de 2011, tres meses después de destapar Levante-EMV la trama de ONG, Dinamiz-e fue sustituida por S & G Visión y Análisis de Imagen, ahora también investigada por la juez por su vinculación en el presunto blanqueo de capitales de la trama de ONG que sería dirigida por el empresario preso.

En 2006 la polémica contratación del Centro de Proceso de Datos de Sanidad por 3 millones de euros cuando la dirigía Blasco acabó con la dimisión del jefe de área. Le sustituyó Marc Llinares, ahora imputado por el caso de las ONG, y quien firmó el expediente de adjudicación a Ibermatica pese a no tener la máxima nota. El exgerente de Lonerson reveló que Ibermatica subcontrató el 100% a Dinamiz-E.

El Colegio de Médicos alertó de la falta de confidencialidad

La aplicación Abucasis de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana conecta los centros y los sistemas de información de atención primaria y especializada de forma integral, alrededor de la historia clínica electrónica única del ciudadano, conectada con la historia de salud digital del Servicio Nacional de Salud. En la actualidad disponen de cinco millones de historiales de valencianos, el 98 % de la población.

Cuando fue presentada su versión II, en la que más participación tuvo como subcontrata la empresa de la trama de ONG Dinamiz-e, el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos denunció que la aplicación planteaba «serios problemas de confidencialidad». Cabe recordar que los informáticos del empresario preso, Augusto César Tauroni, tuvieron acceso a información muy sensible de millones de valencianos y a datos que podrían haber sido vendidos a terceros.

Abucasis da también soporte a las funciones administrativas (citación, gestión de agendas, registro de actividad) y de gestión (obtención de indicadores) constituyendo, ante todo, un sistema de gestión del proceso asistencial completo, explica Indra, la firma que actualmente lo gestiona.

El sistema interactúa estrechamente con otras aplicaciones para presentar una oferta integrada de servicios a los profesionales de la sanidad. Entre estas aplicaciones están GAIA (módulo de prescripción farmacéutica o receta electrónica), el Registro Nominal de Vacunas (RNV) y el Sistema de Información Poblacional (SIP), herramientas que facilitan el trabajo de los facultativos pero que reúnen una cantidad de información sensible cuyo control está en manos de un empresa privada.