24 de octubre de 2012
24.10.2012

Profesionales de salud mental detectan reducciones del 65% de la minusvalía sin evaluación ni informes

La Asociación de Neuropsiquiatría asegura que los inmigrantes sin papeles ya no acuden a las consultas

24.10.2012 | 04:18

Al primer mes de entrada en vigor del decreto que dejó sin asistencia farmacéutica a los inmigrantes irregulares, la Asociación Española de Neuropsiquiatría Profesionales de Salud Mental de la Comunitat Valenciana ha detectado que las personas sin papeles con trastornos mentales no acuden ya a las consultas médicas, ya que en el último mes no se han atendido a personas en esta situación. Y no han ido, según han precisado las ONG, "por miedo a generar una factura que en el futuro les impida acceder a un permiso de residencia o a su renovación".
Este hecho, a su parecer, agravará probablemente su patología y provocará la necesidad de atenderles en urgencias y de tener que realizar ingresos que serían evitables, lo que, sin duda, aumentará la factura farmacéutica.
Estos profesionales han destaca?do que los trámites burocráticos que tiene que seguir una persona sin recursos y con un trastorno mental para acceder a una tarjeta de asistencia sanitaria gratuita son muy complicados y muy difíciles de realizar por una persona con esta patología. Además, durante la acreditación se les imposibilita el acceso a la atención programada.
Por otra parte, los profesionales han observado que los inmigrantes con problemas crónicos de salud, con o sin permiso de residencia, tampoco acuden al seguimiento en la consulta por temor a la factura.
Los especialistas en salud mental también han constatado que las personas con minusvalías superior?es al 65 % están recibiendo cartas en las que se les reduce el porcentaje de su discapacidad, "sin una nueva evaluación y sin solicitar nuevos informes que acrediten una mejora de la patología".
Esta medida impide ostentar la condición de beneficiario y el acce?so a la pensión y a las prestaciones de la Ley de Dependencia. Los profesionales han señalado que la decisión supone que estos afectados asuman una mayor aportación sobre el precio de los fármacos, lo que encarece mucho para los pacientes y sus familiares su aportación en los tratamientos de salud mental al pasar de un 10 % a un 40%. De hecho, los profesionales han detectado ya dos casos en Gandia y uno en Valencia.
Los especialistas han indicado además que los pacientes con trastorno mental son reticentes para seguir los tratamientos farmacológicos, lo que provoca el abandono de los tratamientos.
La asociación ha denunciado la desaparición de un recurso de salud mental infantil en Dénia, lo que obliga a que profesionales de la Unidad de Salud Mental de adultos -con ratios por debajo de la media del resto de la Comunitat Valenciana y previsiones muy alejadas de las previsiones del Plan de Salud Mental 2001-2004- atiendan un día a la semana a los niños aun sin tener la especialización en salud mental infantil.
Como conclusión, la asociación señala que el nuevo decreto ley ha originado un agravamiento de los problemas psíquicos en las personas con enfermedad mental grave y un aumento de suicidios, algunos derivados de falta de atención.

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