En una respuesta al diputado de EUPV-Els Verds en el Congreso, Ricardo Sixto, sobre los vertidos ilegales en La Murada, el Gobierno de Mariano Rajoy explicó que la Guardia Civil, a través del Seprona, notificó a la Generalitat Valenciana los vertidos ilegales de la empresa Proambiente, propiedad de Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal.
El diputado en las Corts Lluís Torró recordó que la Generalitat reconoció haber recibido denuncias por parte de organizaciones vecinales de la zona, pero nunca dijo nada sobre las advertencias oficiales de la Guardia Civil, tal como confirma ahora el Gobierno central. Así, la Generalitat "sabía de los vertidos ilegales por la Guardia Civil y no dijo nada", añadió Torró, quien también señaló que la Guardia Civil considera que ha habido incumplimientos de la Ley 10/2000 y del Real Decreto 2224/1993 e incluso se han abierto diligencias judiciales.
El diputado autonómico señaló que "la connivencia de la Generalitat con Fenoll es evidente". Así, Torró considera que "si la Generalitat hubiera ejercido sus funciones la situación no sería tan grave como lo es ahora ni Fenoll hubiera podido hacer lo que ha hecho durante años".
Por otro lado, el diputado y portavoz adjunto aseguró que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente "conocía" desde 1994 los vertidos que se realizaban, por lo que la consellera Isabel Bonig "mintió descaradamente en sede parlamentaria".
