Dos funcionarias del Ayuntamiento de Torrevieja tumbaron ayer la coartada que esgrimió en el juicio por la contrata de basuras el excalde de Torrevieja y diputado autonómico Pedro Hernández Mateo y lo dejaron en evidencia. El diputado está acusado de falsedad documental por firmar un documento oficial en el que se aseguraba que se había consultado con tres despachos de abogados para elaborar un informe externo sobre a qué empresa elegir para la contrata. El exalcalde afirmó el viernes en el juicio que el documento lo redactó una funcionaria del departamento de contratación y que descubrió que no se había consultado a otras dos firmas de abogados cuando declaró en el TSJ en la fase de instrucción. "Yo firmaba todo lo que me pasaban y pensaba: "Qué bien va esto". Nunca he sabido si se habían consultados a otros despachos". Sin embargo, dos funcionarias aseguraron que recibieron instrucciones del alcalde para redactar que se habían consultado a tres despachos de abogados y una tercera -las secretaria del ayuntamiento- incidió en que Hernández Mateo era una persona muy meticulosa que leía los documentos que firmaba e incluso hacía correcciones.

El fiscal pide que Hernández Mateo sea condenado a tres años de cárcel y 21 años de inhabilitación. El alcalde está acusado por adjudicar por 12.000 euros la petición del informe al despacho de abogados y por ocultar esa información a la mesa de contratación y a la junta de gobierno. La cuestión es que el bufete de abogados que hizo el informe externo estaba vinculado a la empresa que finalmente obtuvo la contrata de basuras.

Secretaria muncipal

La secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja aseguró al tribunal que el informe externo que utilizó el alcalde y el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) para adjudicar el servicio era a todas luces innecesario porque previamente los técnicos municipales habían realizados hasta seis y todos ellos eran contrarios a la adjudicación por distintos aspectos. La secretaria explicó que cuatro de los seis indicaban que el concurso debía quedar desierto, otro planteaba serias dudas sobre la disponibilidad de suelo y el último cuestionaba las ofertas económicas.

La oficial mayor responsabilizó al diputado autonómico del PP de haberle encargado por teléfono la inclusión en el expediente de que se había consultado a tres empresas. La funcionaria declaró, sin género de duda, que recibió esa orden de Hernández Mateo. Éste, sentado en el banquillo de los acusados, gesticulaba, negaba con la cabeza y sonreía. Además, la oficial mayor explicó que de los 258 expedientes de contratación que se hicieron ese año, sólo de éste se pidió informe externo y añadió que nunca, durante sus 21 años de trayectoria, se había encontrado con una situación similar. Otra funcionaria confirmó la versión de la oficial mayor, aunque explicó que el alcalde no habló directamente con ella.