La Conselleria de Bienestar Social dejará de pagar el 15% adicional que abonaba a los cuidadores de grandes dependientes. Esta cuantía era independiente a la prestación económica que recibían estos trabajadores de acuerdo a la Ley de Dependencia. Según denuncian usuarios y el sindicato CC OO, este nivel adicional de protección que ofrecía la Generalitat en el caso de los dependientes más severos ha desaparecido de la nueva orden que regula la aplicación de la ley en la Comunitat Valenciana, y que fue publicada en el DOGV el pasado martes. Un texto con el que la autonomía se ajusta a las nuevas directrices marcadas por Madrid.

Éste no es el único recorte que sufren los cuidadores familiares con la reforma de la Ley de Depen­dencia. El Gobierno central aprobó en verano otro recorte del 15% en sus sueldos, así como la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social para este colectivo que en todo el territorio suma casi 24.000 personas.

En este sentido, la responsable de Política Social del sindicato CC OO, Eva Hernández, denuncia que. con estas medidas, muchos cuidadores de personas en situación de dependencia «verán cómo sus nóminas se reducen hasta en un 30 %».

Por otro lado, y con la reforma de la ley ya en marcha, la Conselleria de Bienestar Social sólo concederá las ayudas para los cuidadores no profesionales, que por otro lado son las que más desem­bolso implican para la Generalitat, sólo en casos excepcionales y cuando no se ha concedido al usuario otro tipo de servicio o prestación. Una medida que ha provocado la intervención del sín­dic de Greuges. José Cholbi abrió esta semana una queja de oficio por la revisión que la conselleria está haciendo de los expedientes que, aun teniendo concedidas las ayudas, los usuarios aún no las han recibido. Esta revisión tiene como objetivo restrin­gir al máximo la concesión de es­te tipo de ayudas. El síndic de Greuges ha mostrado su preocupación por si este nuevo criterio de la conselleria puede suponer «no ya la paralización de expedientes iniciados hace dos y hasta tres años, sino un retroceso en su tramitación, puesto que se encuentran con que tienen que elaborar una nueva resolución, incrementando así la demora que acumulan dichos expedientes».

La nueva norma puesta en marcha por la Conselleria de Bienestar Social también endurece los copagos que los usuarios realizan por determinados servicios y prestaciones recogidas en la Ley de la De­pendencia. Así, los usuarios ten­drán que pagar de ahora en adelante y dependiendo de su nivel de ingresos hasta el 90 % del coste de la teleasistencia, un servicio gratuito hasta el momento.

Desde CC OO, Eva Hernández señala también que la nueva norma «elimina las compatibilidades, de manera que el usuario sólo podrá tener un servicio o prestación» y la retroactividad «se amplía hasta los 8 años». La responsable sindical explica además que a partir de enero se abrirá la puerta a nuevos copagos, ya que el ministerio está barajando la posibilidad de incluir el patrimonio del usuario para determinar el pago por los servicios». Por último, con esta última reforma se retrasa a 2015 la incorporación al sistema de los dependientes moderados que ya tendrían que estar recibiendo las ayudas contempladas en la ley.

Para Hernández, estos cambios «suponen la destrucción del sistema de la dependencia con el agravante de que no hay servicios públicos que sustenten a estas personas». Una situación «que se suma a los graves retrasos en el pa­go de las nóminas a los cuidadores, a quienes se adeudan dos meses, y a los centros de la tercera edad». De continuar estos impagos durante los próximos meses, asegura la responsable de CC OO, «habrá cierres de residencias y un colapso absoluto del sistema».