Un juez sustituto del juzgado de Instrucción número seis de Alzira y el fiscal estudian qué día prescribe la responsabilidad criminal de Antonio Anglés. No lo tienen claro. El lapso temporal que manejan los juristas es entre el próximo jueves 13 de noviembre (día en el que desaparecieron las tres niñas) y el 12 de marzo de 2013 (fecha en la que el juzgado emitió la orden de busca y captura internacional).

Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia aseguró que están analizando la jurisprudencia para determinar cuándo vencen los veinte años que marcan la prescripción. La Fiscalía de Valencia todavía no tiene una postura decidida y está a la espera de que el fiscal de Alzira remita su informe. En el caso de que Anglés estuviera vivo, podría reaparecer con total impunidad. Ya nunca se sentará en el banquillo de los acusados.

El juzgado mantiene abierta la causa contra Antonio Anglés como coautor de tres secuestros, cuatro violaciones, tres asesinatos y un delito de posesión ilegal de armas de fuego. Míriam, Toñi y Desirée tenían 14 y 15 años cuando el 13 de noviembre de 1992 se subieron al coche de Antonio Anglés y Miquel Ricart. Las niñas fueron vistas por última vez cuando se dirigían desde Alcàsser a la discoteca Coolor de Picassent a una fiesta de estudiantes del instituto de Catarroja.

Un sector de la Fiscalía considera que es a partir de ese momento cuando empieza a correr el plazo de veinte años que el Código Penal establece para la prescripción. "En este caso nunca se le ha tomado declaración como imputado y el plazo tiene que correr a partir de la comisión del delito", indicaron fuentes del Ministerio Público.

Las menores fueron asesinadas horas después de subirse al coche de los dos coautores del triple crimen, pero sus cadáveres fueron descubiertos 74 días después de una intensa búsqueda por toda España que mantuvo en vilo a la sociedad. El caso tuvo una enorme repercusión de inmediato.

Las tres familias de las niñas fueron recibidas por el delegado del Gobierno solo cuatro días después de la desaparición. El presidente de la Generalitat se entrevistó con los padres a los 12 días. Antes de un mes estaban en el despacho del ministro del Interior y por Navidad, cuando llevaban 41 días desaparecidas, el presidente del Gobierno les abrió las puertas de La Moncloa.

Una pareja de apicultores halló por casualidad los cuerpos sin vida de las tres niñas cuando revisaba sus colmenas en La Romana, un inhóspito paraje de Tous, en la mañana del 27 de enero de 1993. El hallazgo truncó de golpe todas las esperanzas de encontrar con vida a las niñas y vinculó policialmente por primera vez el triple crimen a Antonio Anglés.

Ese mismo día, la Guardia Civil encontró un parte de urgencias con el nombre de Enrique Anglés cerca de los cadáveres. El juez del caso también baraja que esa fecha sea la que marque la prescripción del delito, según confirmó el TSJ.

Búsqueda de Anglés

Miquel Ricart fue detenido el mismo 27 de enero y cuando la Guardia Civil registraba su domicilio recibió un mensaje en clave de Antonio Anglés para que se reuniera con él en una caseta de Alborache. Ese fue el punto de partida de la búsqueda de Anglés, que mantuvo en jaque a la Guardia Civil.

El prófugo reapareció el 12 de febrero al secuestrar a un agricultor al que obligó que lo transportara con su vehículo a Minglanilla. El agricultor tardó dos días en denunciar los hechos y el triple homicida tuvo tiempo para esconderse en Madrid.

Anglés cruzó la frontera con Portugal y embarcó el 18 de marzo de 1993 en el buque mercante 'City of Plymouth' con destino a Dublín. Desde la llegada del barco a Dublín, desaparecieron las pistas fiables sobre su paradero.

En cuanto las Fuerzas de Seguridad tuvieron constancia de que Antonio Anglés había cruzado la frontera, el juzgado de Instrucción número seis de Alzira dictó una orden de búsqueda y captura internacional. El juez firmó la orden el 12 de marzo de 1993, y ese día marca la tercera fecha que los juristas manejan para la prescripción.

El expresidente de la Audiencia de Valencia y magistrado de la Sección Primera Pedro Castellano considera que "desde que se pone el auto de búsqueda y captura empieza a correr el plazo de veinte años. Es el momento en que se dirige el procedimiento contra el culpable".

Fuentes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia coincidieron con Castellano en que el Código Penal marca como inicio de la prescripción el último acto judicial que se haya practicado contra el imputado, que en este caso es la orden de búsqueda y captura.

El juez y el fiscal del caso tiene previsto zanjar la cuestión en menos de un mes, pero nadie confía en que Anglés reaparezca aunque se haya extinguido su responsabilidad penal.