El director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, tiene desde ayer delegado todo el poder del consejo de administración del ente para "agilizar" el proceso de fusión y absorción de las empresas del organismo y su posterior liquidación. Así lo decidió ayer el consejo con los votos del PP. Jaraba también cuenta ya con las facultades del órgano para acometer las acciones de acara al "reequilibrio patrimonial" del grupo, entre las que se encuentra el expediente de regulación de empleo (ERE).

Eso sí, el punto y final a la actual

RTVV deberá pasar por el consejo de administración, por lo que este se reunirá en su actual composición al menos una vez más

Con todo, esta cuestión se daba ya por hecha dado que figuraba en el orden del día y el PP cuenta con la mayoría para actuar con libertad en el consejo. Así que el asunto más polémico surgió en el turno de ruegos y preguntas, cuando los consejeros designados por la oposición pidieron a los del PP que se "apiadaran" -en palabras de Rafael Xambó- de los 48 empleados expedientados a dos meses de empleo y sueldo por ocupar el plató de Notícies 9 el pasado 16 de julio para protestar por los despidos. Los consejeros alegaban la tensión existente y pedían al menos que no si estaban entre los despedidos no fueran sancionados. Pero el PP no cedió por "responsabilidad" y porque "en un estado de derecho se deben atener a las consecuencias", señalaron varios consejeros.

Para Consuelo Catalá (PSPV), la dirección de la empresa salió ayer con "un cheque en blanco" para actuar y la oposición no tendrá información hasta el momento de votar. El representante de Compromís, Rafa Xambó, pidió la dimisión de Jaraba y dijo que el objetivo de las sanciones es "cargarse el comité de empresa" durante la aplicación del ERE, ya que más de la mitad están entre los expedientados.

Jaraba anunció asimismo que la empresa ha dado un contrato adicional de 20.000 euros a la consultora Garrigues para asesorar en la liquidación del ente.