La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la Comunitat Valenciana se ha opuesto al Real Decreto Ley de protección de los deudores hipotecarios aprobado el pasado jueves y ha criticado que se ignore la Iniciativa Legislativa Popular, avalada por 600.000 firmas y elaborada a lo largo de dos años, en la que se reivindica la "moratoria inmediata de todos los desahucios de viviendas de residencia habitual y deudoras de buena fe", "la dación en pago retroactiva" y el "alquiler social de las viviendas vacías propiedad de entidades financieras".
En esta línea, la asociación rechaza que la paralización durante dos años de los desahucios se limite a los colectivos más vulnerables, porque lo considera "insuficiente" y "discriminatorio" y advierte que la creación de un fondo social de viviendas de alquiler social se ha hecho sin transparencia y puede esconder fines especulativos. La plataforma también apunta que no se han incluido medidas urgentes respecto a la Ley Hipotecaria, que contempla desalojos forzosos, deudas perpetuas, dobles tasaciones y cláusulas abusivas.
En el ámbito de la justicia, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, celebró ayer que se hayan paralizado los desahucios durante dos años, pero declaró que "lo importante ahora es la reforma de la legislación hipotecaria española, que data de 1909". Respecto a la sensibilidad actual de los jueces en los deshaucios esgrimida por el conseller de Justicia, Jorge Cabré, de Rosa reconoció que los jueces están "pegados a la realidad" y "siempre sienten preocupación social" y matizó que la percepción de este interés ha cambiado tras los suicidios de varias personas afectadas por los desalojos, que han difundido los medios de comunicación.
Preguntado por la responsabilidad de los magistrados, de Rosa postuló que "los jueces están para aplicar la ley y los políticos para cambiarla" y que por ello, los primeros "tienen las manos atadas" y no se les puede atribuir " falta de sensibilidad ante un desahucio".
Desde Esquerra Unida, la diputada de las Corts Valencianes, Marina Albiol, reclamó ayer al Consell "verdaderas medidas contra los desahucios frente al parche aprobado por el Gobierno Central" y recordó que la Comunitat Valenciana es "delantera" en desalojos. Albiol denunció que "uno de cada cuatro desahucios se produce aquí" y que "el Consell tiene que dejar de taparse los ojos y poner medidas urgentes para atender esta situación de tremenda injusticia".
En el III Encuentro Internacional de Centros de Investigación en Derechos Humanos que se celebra estos días en la Universitat de València, el catedrático de Filosofía del Derecho Javier de Lucas calificó los desahucios como "ejecuciones sociales" en un discurso en el que denunció el "implacable abandono de los más vulnerables".
Un caso particular es el del alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, que ha citado a 22 entidades bancarias para abordar los desahucios y ha exigido a las intervenidas por el Estado que no efectúen "ni un desahucio más a familias que no pueden hacer frente a su hipoteca". Asimismo, instó a Rajoy a que el rescate de los bancos tenga un fin social en beneficio de los ciudadanos.
