Los abogados valencianos agilizan las demandas para evitar las nuevas tasas judiciales

La inminente puesta en marcha de la Ley de Tasas Judiciales ha puesto a trabajar contrarreloj a muchos abogados y procuradores valencianos para evitar que sus clientes sufran el aumento de las tarifas aprobada por el Gobierno. El anteproyecto de ley ya ha pasado el filtro del Congreso y el Senado por lo que, a más tardar, su entrada en vigor se prevé para el primer mes de 2013. Aún así, fuentes judiciales apuntan al 1 de diciembre e incluso a la última semana de noviembre para empezar a pagar 300 euros por un juicio ordinario, 800 euros por una apelación o 1.200 euros para acudir al Supremo. Por eso, los despachos jurídicos se afanan en acelerar la presentación de demandas en los tribunales y esquivar en lo posible las nuevas tarifas, cuyo incremento oscila entre los 50 y los 750 euros.

Desde el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV) confirmaban ayer esta "aceleración" en la presentación de demandas y señalaban que "cualquier despacho o cualquier operador jurídico que tenga pendiente algún asunto va a intentar que su cliente no tenga que pagar más dinero. Es una cuestión de profesionalidad".

Un portavoz del ICPV como en las últimas semanas se han dado asuntos de divorcios en los que el acuerdo entre las partes se está retrasando, "así que los abogados han ido directamente a la demanda para intentar no alargar el tema".

Aún así, las mismas fuentes recordaron que por mucho que los letrados intenten agilizar la presentación de demandas, "los juzgados llevan su ritmo", con lo que será difícil sortear el incremento de las tasas.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Mariano Durán, aseguró que desconocía si se había incrementado en las últimas semanas la presentación de demandas, "pero no me extrañaría que fuera así. Lo que ha aprobado el Gobierno es una salvajada, es una de las regresiones en materia judicial más importantes de nuestro siglo".

Durán explicó, por ejemplo, que "si una pareja de jubilados denuncia que le han estafado 100.000 euros en preferentes, deberá pagar 300 euros para acudir a juicio, más el 0,50 % de lo que reclama, que en este caso son 500 euros más. Si recurre, serán 800 euros de tasa fija, más los 500. Y si va al Supremo 1.200 euros más el 0,5 %. En total podrán pagar 3.800 euros sin que nadie le garantice que vaya a servir para algo".