20 de noviembre de 2012
20.11.2012

El Gobierno pide a los contratistas datos sobre los 425 millones que el Consell aún les adeuda

El Ministerio de Hacienda recaba la información de las patronales de obra pública por desconfianza de la información autonómica

20.11.2012 | 10:13

El Ministerio de Hacienda ha decidido puentear a la Generalitat Valenciana para conocer el detalle exacto de la deuda que el Consell, y sus empresas públicas, mantiene con los contratistas de obra pública. Se trata de una decisión que el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó el pasado verano cuando el departamento que dirige Cristobal Montoro contactó con la patronal de las grandes constructoras, Seopan, y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), para que recabaran información y la facilitaran al Gobierno, sobre las certificaciones de obra pendientes de pago por parte de las comunidades autónomas para incluirlas en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y evitar sorpresas de última hora.

Desde entonces el trabajo ha sido ingente ya que la información se ha recabado factura a factura y contabilizando cada certificado de obra impagado que las empresas (bien en solitario o asociadas en uniones temporales) hayan querido facilitar a sus asociaciones. El resultado de esta deuda pendiente con los contratistas de obra pública, sólo en la Comunitat Valenciana, arroja una cantidad que ronda los 425 millones de euros, según la información recopilada por la Cámara de Contratistas.

Se trata de una deuda que no se incluyó en los 4.066 millones de euros del plan de pagos a proveedores que el Gobierno abonó a 10.000 proveedores de la Comunitat Valenciana en julio. En los 425 millones de obras ejecutadas y pendientes de pago se han incluido, por ejemplo, "certificados de obras devengados, vencidos, líquidos y exigibles, sin factura en su día, ya que tenían pendiente la convalidación del gasto por parte de la conselleria correspondiente". Ésta ha sido una práctica muy habitual con la llegada de la época de vacas flacas. Algunas "conselleries" y empresas públicas encargaban obras y emitían los correspondientes certificados de obra, pero pedían al contratista que retrasara la emisión de la factura porque no tenían consignación presupuestaria. De esta manera, tampoco se generaba el derecho de pago de intereses por el retraso en el pago de las certificaciones de obra facturadas.

En la deuda pendiente de los 425 millones también se han incluido "los pagos por obras ejecutadas, finalizadas y entregadas para su uso, que no entraron o fueron devueltas por Madrid por rebasar los límites concedidos a la Generalitat Valenciana en el pago a proveedores de julio" o eran deudas contraídas por las empresas públicas de la Generalitat: Ciegsa (colegios), Epsar (depuradoras), Cacsa (Ciutat de les Arts), FGV y GTP (ferrocarriles). En este apartado se incluyen tanto pagos pendientes por contratos de concesiones como deudas por infraestructuras ejecutadas mediante el pago aplazado o método alemán (muy utilizado por la antigua Coput, la Conselleria de Infraestructuras actual).
En último lugar, también se han incluido las "deudas generadas por obras ejecutadas para la Generalitat Valenciana a partir del 1 de enero de 2012, cuyo pago no se ha atendido con regularidad y en su plazo" desde principios de año.

A esta situación de impagos por trabajos ya realizados se suma las escasas expectativas de inversiones productivas para 2013. "El pago de intereses por el endeudamiento en que está sumida la Generalitat Valenciana y los mecanismos de financiación (pago a proveedores, FLA, bonos patrióticos) han disparado un 100% los gastos financieros ya que hemos pasado de 578 millones de euros en 2012 a 1.159 millones previstos para 2013", asegura el gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñes, en el análisis sobre los presupuestos de la Generalitat de 2013. "El pago de la deuda se convierte en la tercera conselleria por cuantía de gasto ya que aumenta más que los presupuestos de las "conselleries" de Cultura, Agricultura, Economía, Industria e Infraestructuras juntas", advierte Miñes. "Por ello nuevamente debemos reclamar al Gobierno central que destine a la Comunitat Valenciana inversiones productivas que relancen nuestra actividad empresarial, ya que la Generalitat no las va a poder acometer con recursos propios en los años futuros, y que se nos dote de un nuevo sistema de financiación".

Además de la caída en picado de las inversiones productivas en las cuentas de la Generalitat, un -40,50% previsto para 2013, (a la que se une un descenso continuado del 76,90% desde 2008), las conselleries que deberían ser el motor para remontar el vuelo de la crisis apenas tienen "gasolina". La Conselleria de Infraestructuras y sus cinco empresas satélite bajan un 44,81% su presupuesto de inversión hasta los 180 millones de euros. Y la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, con sus 131,4 millones (un 25% menos), es la que debe poner en marcha la Estrategia de política industrial que quiere lograr para 2020 que el 20% del PIB provenga de procesos de industrialización. "¿Cómo lo lograrán con tan escaso presupuesto?", se pregunta el gerente de los contratistas, Manuel Miñes. De ahí que abogue por "asumir las dimensiones de la situación de default que vivimos. La Generalitat debe elegir entre ser un agente de cobro y reparto del déficit o replantearse su razón de ser y devolver competencias". L. B.valencia

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