El indulto a las viviendas ilegales inyectará a los ayuntamientos hasta 18 millones

La amnistía que el Gobierno de Rajoy prepara para las viviendas ilegales insuflará en las arcas de los ayuntamientos valencianos hasta 18 millones de euros en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El Ejecutivo ha introducido una enmienda en sus Presupuestos Generales centrada en el desarrollo legislativo de un indulto para las construcciones ilegítimas emplazadas en suelo rústico y urbano que cumplan ciertas características. La propuesta normalizará unos inmuebles que llevan años en la picota.

Una vez ejecutado dicho trámite, los dueños de este tipo de construcciones se verán obligados a pagar una tasa de IBI (60 euros) „cosa que nunca han hecho„ para regular la situación de sus propiedades. Dicha inversión les permitirá escapar a posibles sanciones de hasta 6.000 euros; así como a una posible sentencia de derribo.

Contar con un número exacto de las viviendas afectadas es muy difícil. Los grupos ecologistas hablan de 300.000 viviendas en toda la Comunitat Valenciana. Para ello, se basan en las cifras que lanzaron los mismos ciudadanos y entidades que protestaron contra la Ley de Costas anterior a la actual, mucho más restrictiva. Los ecologistas son los primeros en encender las alarmas y dicen que su estimación podría quedarse corta, ya que también se ha de tener en cuenta que la enmienda del Ejecutivo comprende a proyectos ajenos al urbanismo de playa.

Pilar Marcos, responsable de costas de Greenpeace, definió el nuevo reglamento como «un negocio redondo, que solamente busca hacer caja». Marcos explicó a Levante-EMV que «formamos parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente y recuerdo una primera estimación irreal del ministerio que hablaba de 50.000 viviendas y recogimos en un informe. La Comunitat Valenciana es un paradigma de lo que no debe hacerse y la cifra de 300.000 unidades es mucho más cercana a la realidad. El Gobierno ha aprobado una enmienda a sus presupuestos, pero no sabe a cuantas residencias afectará. ¿Es o no es una incoherencia?».

A su vez, la portavoz ecologista denunció el coste ambiental de este tipo de actuaciones: «hablamos de una expansión urbanística desordenada que ahora contará con respaldo legal. No debemos olvidar que los propios gobiernos municipales deberán dar diferentes servicios a unas construcciones que ahora aceptarán para intentar paliar sus maltrechas arcas, como la electricidad o la recogida de residuos. Al final se gastarán más dinero y las consecuencias medioambientales se quedarán en un segundo plano»

La amnistía también afecta a otro tipo de construcciones, como las casas situadas en zonas de interior o parques naturales. Tampoco deben olvidarse los proyectos de ampliación o adecuación y las reformas en casas de aperos que se transforman en cómodas residencias de verano; quizá el máximo exponente de la desregulación existente.

Líderes en unidades en la costa

Sin embargo, el mayor foco de interés sigue siendo el litoral. Un reciente estudio del ministerio de Agricultura „titulado «Perfil ambiental 2011»„ sitúa a la valenciana como la autonomía española con mayor presencia de superficies artificiales en el primer kilómetro de costa, con un 42% de terreno afectado (18.566 hectáreas). La cifra se complementa con el 15% de superficie construida en los diez primeros kilómetros de playa, que equivalen a un total de 60.966 hectáreas.

La primacía de un urbanismo depredador deja entrever la más que posible presencia de viviendas ilegales, dado el gran volumen de unidades en el litoral. El debate no es nuevo. Un estudio de la Universitat de Valencia (UV) contabilizó en los años 90 un total de 28.415 unidades irregulares en las comarcas del Camp del Túria y los Serranos. El documento sólo abarcó dos comarcas y fue redactado en una década anterior a la explosión del boom inmobiliario. La burbuja no brillaba en todo su esplendor y la cifra podría ser mucho mayor en la actualidad.

El gobierno no es la única administración que ha apostado por la vía de la regularización. La Diputación de Valencia impulsó en julio de 2011 un plan similar a la amnistía que ahora ejecutará el Gobierno y la semana pasada adjudicó por 762.400 euros la realización de un catastro con fotografías aéreas de la provincia. La documentación será enviada a los municipios.

La posibilidad de contar con ingresos adicionales podría considerarse todo un aliciente. Los ayuntamientos regulan el IBI y decidirían las cantidades a cobrar. Sin embargo, muchos alcaldes ya mostraron su temor a ser investigados por delitos como prevaricación si la iniciativa hace aflorar nuevos proyectos ilegales.