El Ministerio de Trabajo adjudicó a Over 7,2 millones en tiempos de Zaplana

La polémica por las contrataciones del Gobierno de Jaume Matas a la empresa Over Marketing, bajo investigación en los juzgados de Palma de Mallorca por el supuesto amaño de contratos para la financiación del PP balear, tiene también ramificaciones en Madrid, en la etapa de Gobierno de José María Aznar. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, bajo el mandato de Eduardo Zaplana como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, adjudicó el 30 de diciembre de 2003 a Over Marketing una campaña publicitaria sobre la revalorización de las pensiones y abono de una paga única en enero de 2004 por 7,2 millones. Las acciones de difusión debían desarrollarse en la antesala de las elecciones generales de marzo de 2004. Sólo esta contrata supera todos los encargos que la citada empresa recibió del Ejecutivo de Matas, 3,5 millones, y de la Generalitat Valenciana entre 2001 y 2005, al menos 4,2 millones (a falta de cuantificar dos de las seis adjudicaciones).

No fue éste el único trabajo del Ejecutivo de Aznar otorgado al publicista Daniel Mercado, quien ha declarado al juez de Mallorca que también se benefició de contratos amañados por la Generalitat Valenciana y colaboró en la campaña electoral de Francisco Camps en 2003. El 26-IX-2002, el Ministerio del Interior adjudicó a Over Marketing el servicio de «organizar, coordinar, gestionar, diseñar y confeccionar los materiales y medios precisos para la realización» de un congreso sobre drogodependencias. El montante, eso sí, fue mucho menor que el del ministerio de Zaplana, 156.867,96 euros, y se licitó por concurso, aunque «urgente».

El mayor bocado, como decíamos, fue el de la campaña de las pensiones en 2004. La del año anterior había levantado ya una gran polvareda, toda vez que el instituto de Trabajo la adjudicó por el procedimiento negociado sin publicidad a Carat España, de Miguel Ángel Rodríguez, portavoz del primer Gobierno de Aznar en 1996. Un año después, el INSS volvió a encargar esta campaña pero en esta ocasión la otorgó por concurso público, con tramitación anticipada. Las acciones publicitarias se desarrollaban en enero de 2004, de nuevo en puertas de unos comicios, los generales de marzo de aquel año.

Indemnización de 210.985 euros

Las inserciones publicitarias —de ámbito nacional, a través de prensa, radio, televisión, publicidad exterior, cartelería y folletos— tenían que materializarse entre el 11 y el 25 de enero de 2004. Sin embargo, no llegó a completarse. Fue suspendida el 21 de enero, en cumplimiento del acuerdo de la Junta Electoral del día anterior, debido a que el 20 había comenzado el periodo electoral de cara a los comicios de marzo, en el que no están permitidas las campañas institucionales, salvo las estrictamente necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos. De este modo, se abonaron a la empresa, por las inserciones colocadas hasta el día 21 de enero, 5,1 millones, pero además Over Marketing cobró otros 210.985,22 euros en concepto de lucro cesante, equivalente al 10 % del importe de los trabajos contratados y pendientes de ejecutar en el momento de la suspensión. En total, 5.313.000 euros. Pese a ello, algunas inserciones publicitarias se produjeron después del día 21.

Anomalías

Las campañas publicitarias del Ministerio de Trabajo a través de sus organismos (INSS, Inem, Imserso o la Tesorería General de la Seguridad Social), realizadas entre los años 2002 a 2004 —que afectan casi en su totalidad a encargos del periodo de Eduardo Zaplana al frente del departamento—, fueron objeto de una fiscalización específica por el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento del programa aprobado el 17 de diciembre de 2003.

La auditoría reveló numerosas irregularidades en los contratos, incluida la adjudicación a Over Marketing. El informe preliminar remitido a los responsables para que alegaran —y que tuvo como ponente al consejero Ciriaco de Vicente, designado a propuesta del PSOE—, fue desvelado en exclusiva en su día por Levante-EMV y arrojaba respecto a esta contratación conclusiones demoledoras. El documento final resuelve la remisión de varios de los contratos, entre ellos el de Over, a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para que ésta decidiera si abría además un procedimiento de responsabilidad contable. Esto implica un escenario de mayor mayor gravedad, ya que comporta la existencia de un posible menoscabo en los caudales públicos provocado por una acción u omisión culpable en los responsables.

En ese sentido, la auditoría aseveraba en relación a la adjudicación a Over: «Se ha podido producir un menoscabo innecesario, y también previsible, de los caudales públicos derivado del pago de una indemnización al contratista que podía y debía haberse evitado, por lo que se remitirán los hechos anteriormente descritos, junto con todos sus antecedentes documentales, a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal de Cuentas para la determinación de las eventuales responsabilidades».

«No hubo responsabilidad»

Según refería la fiscalización, Zaplana, entonces también portavoz del Gobierno, era conocedor de que el periodo electoral comenzaría el 20 de enero ya que él mismo informó de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral tras el Consejo de Ministros del 9 de enero. Pese a ello, se siguió adelante y el mismo día 9, el 15 y el 16 se aprobaron sendas modificaciones para incorporar el logotipo del ministerio, añadir un nuevo lema («Lo nuestro son las personas») al inicial y variar la distribución de medios para —cuando ya se sabía de la presentación de denuncias— incrementar la publicidad en revistas y suplementos dominicales. La fiscalización recuerda que otras campañas del ministerio sí previeron su finalización el 20, para no solaparse con el periodo electoral.

La Sección de Enjuiciamiento abrió pieza pero finalmente dictó un auto en el que declaró «de modo manifiesto e inequívoco» que no hubo responsabilidad contable en los contratos de los organismos del Ministerio de Trabajo en tiempos de Zaplana.

«El expediente es intachable y lo avaló el T. de Cuentas»

El exministro Eduardo Zaplana manifestó ayer a este periódico que el procedimiento que acabó en la Sección de Enjuiciamiento de la institución fiscalizadora «se sancionó con todos los parabienes por el pleno del Tribunal de Cuentas, que es el órgano de Justicia administrativo, al resolver que no había absolutamente nada». «El expediente es intachable», recalcó, para enfatizar que, al margen de las cuestiones que pudieran plantearse, «lo importante es el fallo; si hubiera habido alguna responsabilidad lo habría recogido el auto y éste es muy claro».

«La ausencia de responsabilidad contable es, en términos del Tribunal de Cuentas, la absolución absoluta», añadió, para apuntar que, aunque entonces no es que le viniera bien ese procedimiento, ahora puede afirmar que es un asunto «enjuiciado». Zaplana, quien indicó que el ministerio «hacía muchas campañas» y las de pensiones «se realizaban todos los años, mis predecesores y mis sucesores», destacó, no obstante, que «en el ministerio yo no era el órgano de contratación». En el caso del contrato a Over, el director general del INSS dependiente de la secretaría de Estado, que en esa época ocupaba el exconseller valenciano y actual vocal del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Castelló.

Sobre su vínculo con Over Marketing, el expresidente de la Generalitat (1995-2002) explicó que conoce a Daniel Mercado, dueño de la firma, pero no tiene relación con él, y enfatizó que si él hubiera querido que la empresa trabajara políticamente con el PP valenciano se habría notado. «No pasaría nada, sería perfectamente legal, pero no han trabajado en el partido. En la C. Valenciana no han hecho ninguna campaña electoral». De los seis contratos del Consell a Over, dos, quizá tres (en la información recabada por EU no se concreta la fecha), fueron con Zaplana de presidente; otros dos o tres durante la breve presidencia de José Luis Olivas (hasta junio de 2003); y uno en la etapa de Francisco Camps. Zaplana añadió que sí ha jugado al pádel con Alberto Rodríguez Piñón, campeón del mundo y relacionado con Over, pero como muchísima gente y que a la vista están los trabajos de la firma con la Generalitat. Zaplana, quien sostuvo que el Tribunal de Cuentas no asumió el informe que planteó el consejero Ciriaco de Vicente —propuesto por el PSOE—, insistió en que la firma «trabajó con el PP en muchos sitios, lo cual no implica nada, pero conmigo no».