Caso Over

Over derivó la campaña de pensiones a una firma que trabajó para el PPCV

Starcom, que realizó la compra de parte de los medios publicitarios en la difusión de la paga a los jubilados en 2004, colaboró con los populares en las autonómicas de 2003

Juanjo García Gómez

La campaña publicitaria sobre la revalorización de las pensiones en enero de 2004, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, otorgó en la etapa de Eduardo Zaplana a Over Marketing por 7,2 millones, fue subcontratada parcialmente con Starcom Worldwide (perteneciente al Grupo Publicis España SA), que había colaborado con el PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en la Comunitat Valenciana, Baleares, Madrid y Canarias. Over Marketing está ahora bajo investigación en los juzgados de Palma de Mallorca por las contrataciones del Gobierno de Matas en la legislatura 2003-2007 y el supuesto amaño de contratos para la financiación de las campañas del PP balear. El propietario, Daniel Mercado, ha declarado al juez José Castro, quien instruye el caso Palma Arena y las piezas separadas sobre Nóos y Over, que también se amañaron contratos en la Generalitat valenciana en favor de su firma y que colaboró en la campaña electoral de Francisco Camps en 2003.

Tal como publicó ayer este diario, el Tribunal de Cuentas realizó una fiscalización de las campañas publicitarias de los organismos de Trabajo en la época de Zaplana en la que denunció numerosas anomalías e incluso remitió varios contratos a la Sección de Enjuiciamiento para que determinara si además existió responsabilidad contable, esto es, menoscabo de caudales públicos provocado por una acción u omisión culpable en los gestores. El órgano fiscalizador, sin embargo, culminó la investigación con un auto en el que resolvió que no hubo responsabilidad contable.

Entre los contratos estaba el de Over sobre las pensiones y abono a los jubilados de una paga única en 2004, adjudicado el 30 de diciembre de 2003. El Tribunal de Cuentas consideró que existió subcontratación. «El INSS, a requerimiento de este tribunal, ha informado de que no tiene constancia de que se haya producido subcontratación alguna», indica la auditoría, para añadir: «Sin embargo, lo cierto es que los justificantes de emisión de televisión y radio están expedidos a nombre de una empresa distinta de la adjudicataria, lo que pone de manifiesto el deficiente seguimiento y control del contrato llevado a cabo por parte del INSS». La auditoría no identifica a la subcontratista pero, tal como en su día informó Levante-EMV, fue Starcom Worldwide, del Grupo Publicis, que realizó más del 50 % del importe del contrato.

El informe preliminar remitido a los exrresponsables del ministerio para que presentaran alegaciones —elaborado por el consejero Ciriaco de Vicente, designado a propuesta del PSOE— ofrecía más detalles. «Esta empresa subcontratista ha realizado las campañas publicitarias del PP en las elecciones autonómicas del 25 de mayo de 2003 en las Comunidades de Canarias, Illes Balears, Madrid y Valencia, según este Tribunal ha constatado a través de los informes de fiscalización de las contabilidades electorales correspondientes a dichos procesos electorales», indicaba el anteproyecto de auditoría. Este párrafo se cayó de la fiscalización aprobada por el pleno del Tribunal de Cuentas pero el dato es correcto: Starcom aparece en el informe de la Sindicatura sobre los comicios de 2003 al incumplir la obligación de declarar al órgano auditor valenciano servicios al PPCV por 403.880 euros; en Madrid, 626.254; en Canarias, no se detalla; y en Baleares, 122.005 euros.

La auditoría aprobada explica que el contrato no fijó normas particulares para la subcontratación, por lo que era de aplicación el artículo 115 de la ley de Contratos, de forma que se debió informar por escrito a la Administración del subcontrato a celebrar, así como que ésta no podía exceder del 50 % del precio total.

«Lo que la realidad impone»

En una nota a pie de página, tras recalcar que «la constatación por este tribunal de la existencia de subcontratación se deriva precisamente de la documentación de la que dispuso tanto el INSS como el Imserso y a la que ambas entidades hicieron caso omiso en este aspecto», refiere que el exministro Eduardo Zaplana, en sus alegaciones, argumentó que «la fórmula de compra de soportes publicitarios a través de una Central de Medios no constituye, en modo alguno, una subcontratación de la campaña con otra empresas», sino «seguir la dinámica que la realidad impone para la realización de las campañas de publicidad, dinámica amparada por la ley reguladora de la materia».

El auditor no acepta la explicación, ya que el INSS y el Imserso «pudieron configurar el contrato de diferentes formas, adaptándolo en lo necesario a la ‘dinámica que la realidad impone’, pero se incluyó de una forma concreta (...), de tal modo que incluyó la compra de medios en el objeto del contrato». Esto es, que se licitó conjuntamente la creatividad de la campaña y el plan de medios. «A pesar de ello —prosigue la auditoría—, la compra de medios publicitarios fue realizada por una empresa distinta de la empresa adjudicataria, lo que, de acuerdo con la normativa contractual aplicable, sin duda constituye un supuesto de subcontratación».

Zaplana ha negado en rotundo cualquier trato de favor a Over y recuerda que esta firma nunca hizo una campaña electoral para el PPCV bajo su mandato. También recalca que, en todo caso, él no era el órgano de contratación, sino el director general del INSS. «El expediente es intachable y el Tribunal de Cuentas lo resolvió con todos los parabienes», declaró el sábado a este periódico, ya que se determinó que «no hubo responsabilidad contable, absolutamente nada». La campaña de las pensiones no llegó a completarse porque fue suspendida por la Junta Electoral al solaparse con el periodo electoral de las generales de 2004. La firma cobró 5,3 millones.

Los partidos de pádel de Matas, Piñón y Zaplana en Madrid

Alberto Rodríguez Piñón, el jugador profesional de pádel y profesor particular del expresidente del Gobierno José María Aznar, actuó como intermediario para que el expresidente balear Jaume Matas contratara a la empresa Over Marketing. Matas, durante su estancia en Madrid como ministro, era un jugador asiduo a los encuentros de pádel que se celebraban cada semana en un céntrico hotel de Madrid. Estos enfrentamientos tenían lugar los martes y los jueves, según han confirmado algunos testigos, quienes relatan que a estos partidos asistían también otros altos mandatarios del PP como el expresidente del Consell Eduardo Zaplana o el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Daniel Mercado, el dueño de Over Marketing, confirmó en su declaración ante el juez Castro que también jugaba a pádel con Matas cuando le visitaba en Mallorca.

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