María Emilia Adán

"No se puede dejar a la gente en la calle, es necesario arbitrar el alquiler social"

María Emilia Adán, Decana del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunitat Valenciana, advierte de que es necesario que el Gobierno tome más medidas para frenar los desahucios.

Ramón Ferrandovalencia

Una de las misiones fundamentales del Registro de la Propiedad es examinar la legalidad de las cláusulas hipotecarias y que no haya condiciones abusivas. ¿En qué se fijan?

Nosotros examinamos qué cláusulas son abusivas. Toda la vida hemos estado trabajando para que las hipotecas sean justas. Por ejemplo, cuando aparecieron los intereses variables hubo una práctica muy seguida por la banca por la que los intereses eran variables hasta el infinito. Esto ocurrió a finales de los ochenta y principios de los noventa. A través de las evaluaciones de los registradores al tipo de interés variable se le puso un tope. Ese techo del interés tenía que ser objetivo para que el comprador supiera hasta donde podía subir su hipoteca.

¿Qué otros avances han conseguido?

En aquellos mismos años empezaron a bajar los tipos de las hipotecas gracias a una propuesta del Colegio de Registradores por la que se estableció la posibilidad de la subrogación. En términos coloquiales lo llamábamos el rapto de la hipoteca. Eran momentos en el que los tipos de interés eran de hasta del 17 por ciento y venía otro banco y ofrecía la subrogación al 10. Se estableció la llamada guerra hipotecaria. Ahí empezaron los bancos a ofrecer mejores tipos de interés.

¿Qué otros avances consiguieron?

Frenamos cláusulas injustas como las que obligaban a contratar un seguro de vida o establecían el vencimiento anticipado en caso de fallecimiento. No tenía sentido porque si el Código Civil establece que los herederos asumen los bienes y las deudas por qué no van a poder seguir pagando las hipotecas. Además, había cláusulas para el caso de que se deteriora la vivienda como por ejemplo que disminuyera el valor un veinte por ciento a juicio del perito de la entidad. Lo ponían con carácter general.

El Gobierno de Zapatero cambió de forma radical la ley en el año 2007 y a partir de ese momento no podían frenar las cláusulas abusivas.

Realmente lo que pasó fue que cambió la interpretación de la ley. Es cierto que se modificó un artículo clave de la ley hipotecaria, pero ese mismo precepto es el vigente ahora. Y la interpretación es diferente. La clave es que la directora general de los Registros y Notariados que estuvo entre 2007 y 2009 se negó a que los registradores calificáramos y las dos personas que la han sustituido después han considerado que podemos seguir vetando las cláusulas abusivas. Es más, los registradores intentamos seguir oponiéndonos a las cláusulas injustas pero los bancos y los notarios consideraban que tenían que entrar y que luego ya hablarían los tribunales.

Ustedes defienden que se debe impedir las cláusulas injustas con carácter preventivo.

Sí, es como la sentencia del Tribunal Europeo sobre la cláusulas de suelo que dice que hay que actuar con carácter preventivo. No a posteriori.

En esos dos años en los que no pudieron ejercer el control, ¿qué cláusulas abusivas se colaron?

Las de vencimiento anticipado en caso de incendio o de deterioro de la finca. También se introdujeron las penalizaciones excesivas por demora. Los intereses de demora son usureros. Es ahí donde hay que atacar. Esa es una de las cosas que más puede hacer el Gobierno y la oposición.

Los jueces también han denunciado que intereses del 19 por ciento rozan la usura.

Perdón, llegan hasta el 28 por ciento. No estamos hablando de un 19 por ciento. Además, aunque hubiera dación en pago seguirían debiéndose.

Sí que hubo una sensación en parte de la sociedad de que guardaron silencio cuando la Dirección General de Registros y Notariado les impidió opinar sobre las cláusulas abusivas.

No es así. La función de los registradores es hablar a través de las calificaciones. Seguimos luchando a pesar de que nos amenazaron con sanciones disciplinarias. Llegamos hasta la Audiencia Provincial de Tarragona en contra de las cláusulas abusivas. Yo misma he ido a las asociaciones de consumidores a denunciar esta situación. Lo que pasa es que no tenemos más margen.

La mayoría de las personas firman su hipoteca de forma mecánica cuando iban a una notaría. ¿Tienen después alguna posibilidad de revisar esas condiciones o ya no?

El problema es que lo que pactas te obliga. La clave de los préstamos hipotecarios es que son contratos de adhesión. Una de las partes es débil y tiene que firmar lo que le ponga la otra. Si tu quieres dinero tienes que firmar. No hay otra vía porque las otras opciones que hay son peores. Pensemos en los chiringuitos financieros. No tienes margen de maniobra. A mí me ofrecieron un tipo de interés y cuando fui a firmar tenía otro. Ese es el problema de los contratos de adhesión.

¿Tiene el Gobierno algún margen para frenar los desahucios?

Tenemos un problema social que nos sobrecoge a todos. No se puede dejar a la gente en la calle. Es necesario habilitar un alquiler social para que los ciudadanos puedan seguir en la vivienda aunque pierdan la propiedad. Hay que dar una solución al padre de familia que contrató en una situación económica diferente y que ahora no tiene dónde ir.

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