Los proveedores denuncian que peligran 770 empleos

La Plataforma de proveedores de la sanidad pública valenciana ha denunciado hoy que 770 puestos de trabajo están en peligro por los impagos de la Conselleria de Sanidad, que no les paga desde inicio de este año y les adeuda entre 28 y 30 millones de euros.

Así lo han denunciado en rueda de prensa los representantes de esta plataforma, que aglutina a una treintena de empresas, en su mayoría valencianas, que suministran todo tipo de material sanitario a hospitales y centros de salud, y que han denunciado que se encuentran en "un atolladero tremendo".

El portavoz de la plataforma, Vicente Peiró, ha denunciado que desde la Conselleria "nunca jamás" se ha tenido en cuenta sus propuestas y han criticado la falta de respuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que enviaron una carta y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que han remitido dos burofax.

Peiró ha explicado que la Administración "no paga" y los bancos "no financian", y ha añadido que ninguna entidad financiera quiere cubrir el riesgo de operaciones con la Conselleria de Sanidad, aunque los empresarios se ofrezcan a avalar el préstamo con sus propios bienes.

"Somos nosotros los que financiamos día a día las necesidades de productos para mantener el Estado del Bienestar", ya que los contratos que han suscrito con la Administración no les permiten dejar de suministrar aunque no cobren porque si no perderían el aval que depositaron cuando se les adjudicó el contrato de suministro.

El presidente de la Plataforma, Fernando Serrano, ha destacado que la mayoría de los bancos "solo" valora aquellas operaciones "de fuera de la Comunitat Valenciana" y ha añadido que esta falta de confianza en Sanidad también se produce en la misma Administración, donde Hacienda no admite como "aval" las facturas emitidas por la Conselleria para permitir a las empresas el aplazamiento en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Serrano ha criticado que desde la Generalitat no se les plantee un plan de pago como el que se ha propuesto a las farmacias, cuya legalidad ha puesto en duda, ya que fía dos de sus pagos al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que a su juicio debe ser para atender el pago a proveedores.

Ha indicado que a la situación de impago que les está "ahogando poco a poco" hay que sumar la "presión velada" que reciben de los hospitales cuando les insinúan que si no mantienen el suministro recurrirán a multinacionales.