21 de noviembre de 2012
21.11.2012
Trama de las ONG

Vela facilita a Blasco un informe del interventor para el juez del caso ONG

El documento, que está fechado el 15 de noviembre, avala que se pagara el 100 % de las subvenciones de Cooperación antes de su justificación - El conseller de Hacienda le hizo llegar el escrito al exportavoz, imputado en el caso, durante el pleno de las Corts

21.11.2012 | 17:28

El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, facilitó ayer bajo mano al exportavoz y actual diputado del PP en las Corts, Rafael Blasco, un informe del interventor general de la Generalitat solicitado por el juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que es el que inició el caso del presunto fraude en las ayudas a la Cooperación durante la etapa de Blasco como titular de Solidaridad.

El TSJCV asumió el caso a principios de septiembre ante la previsible imputación de Blasco, lo que sucedió un mes después, y el 18 de octubre le tomó declaración. Sin embargo, algunas diligencias cursadas con anterioridad al traslado al TSJCV todavía se dirigen al juzgado en un asunto en el que las actuaciones están parcialmente bajo secreto sumarial. El informe «filtrado» por Vela a Blasco está fechado el pasado jueves, 15 de noviembre, y en el mismo el interventor general especifica que lo ha elaborado en respuesta al «requerimiento» del citado juzgado, sobre «la legalidad del adelanto del 100 % de las subvenciones concedidas en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo».

El titular de Hacienda le pasó el documento al exconseller, según varios testigos presenciales, durante el transcurso del pleno de presupuestos en el Parlamento. La Cámara celebraba el debate de las cuentas autonómicas de 2013. A las 10.30 horas, Vela subió a la tribuna para presentarlas. Mientras intervenía, el presidente Alberto Fabra entró en el hemiciclo para seguir la sesión. Concluido su parlamento, Vela ocupó su escaño en el banco azul. Unos minutos después, sobre las 10.55, se giró desde su escaño y le pasó a una diputada del PP sentada en la segunda fila un sobre para que se lo hiciera llegar a Blasco, en la tercera fila. Este lo cogió, lo abrió y sacó del interior un documento, que leyó con discreción colocándoselo debajo del banco del escaño, como para evitar que otras miradas detectaran el contenido. Pese a ello, los mismos testigos identificaron que se trataba de un escrito a requerimiento del juzgado número 21 en el procedimiento abreviado 1743/2011, el caso de las ayudas a la Cooperación.

Blasco estuvo cinco minutos, como meditando. Después se levantó y salió del hemiciclo. Dos o tres minutos después volvió a entrar, se sentó en su escaño, sacó de nuevo el papel y lo posó sobre el banco, para releerlo tranquilamente, sin tomar ya precauciones. Después se levantó a darle dos besos a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal, y acto seguido se acercó a la exconsellera Angélica Such, imputada en la rama Gürtel de la presunta financiación irregular del PPCV, con quien mantuvo una conversación. Tras este recorrido volvió a su escaño donde proseguía el debate, con Fabra sentado en sitio.

Sin la rúbrica del interventor
Vela le había dado una buena noticia a Blasco, ya que el dictamen al juzgado del interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz, resulta favorable a sus intereses judiciales. En concreto, Hernándiz concluye que «desde el ejercicio 1997 y hasta la fecha actual, como consecuencia directa de la regulación prevista en las respectivas leyes de presupuestos ha quedado reconocido legalmente un régimen especial de libramientos para todas aquellas subvenciones de naturaleza corriente y de capital que pudieran concederse en el ámbito de la cooperación internacional, el cual posibilita el anticipo de hasta el cien por cien del importe de las ayudas con carácter previo a la justificación de la finalidad para la que fueron concedidas».

De este modo, se da cobertura, por ejemplo, a que la conselleria de Blasco pagara 1,8 millones, toda la subvención, a una ONG de la trama para proyectos en Nicaragua que sirvieron para comprar viviendas en Valencia. Posteriormente, la ONG presentó facturas para justificar las subvenciones.

El escrito, según se aprecia en las fotografías, está atribuido al interventor pero no lleva la rúbrica de éste, lo que deja la duda de si se trata de un borrador previo a su remisión al juzgado. El conseller pudo acceder al mismo como superior de Hernándiz, aunque se desconoce también si el juzgado se lo pidió a la conselleria y ésta derivó en el interventor o se lo solicitó a éste directamente.

Cabe destacar también que, aunque el grueso del asunto ha pasado al TSJ, la titular del juzgado número 21, Nieves Molina, todavía instruye la parte referida al posible blanqueo de capitales, que no afecta a Blasco. El exportavoz del PP en las Corts está imputado en el TSJ por seis presuntos delitos de fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Posible revelación de secretos
La filtración del informe, que no ha llegado todavía a las partes, podría tener incluso repercusión penal, según fuentes jurídicas. En concreto, apuntaron a un posible delito de revelación de secretos. Otros expertos en Derecho indicaron que se ha podido incurrir, en el caso de que hubiera una declaración de secreto del sumario, en la infracción tipificada en el artículo 466.3 del Código Penal, que alude la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional. El precepto castiga a los particulares que intervengan en un proceso por revelar actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial. En todo caso, se trataría de una diligencia de investigación cuyo único destinatario es el juez.

La magistrada del TSJ que lleva el caso Cooperación, Pía Calderón, advirtió a las partes, a petición precisamente del abogado de Blasco, Javier Boix, de que tomará medidas en el caso de que haya filtraciones. Un aviso dirigido en especial hacia la fiscalía.

Vela declina aclarar lo sucedido: «No vamos a decir nada y no hemos dado nada»
El departamento que dirige José Manuel Vela declinó ayer tarde ofrecer una explicación sobre lo sucedido por la mañana en las Corts. Este periódico se puso en contacto con un portavoz de la Conselleria de Hacienda para trasladarle que testigos presenciales y diversas fotografías acreditaban cómo Vela le facilitó a Blasco, imputado en el caso Cooperación, durante el pleno de presupuestos, un informe del Interventor General solicitado por el juzgado.

Horas después, la respuesta fue tan lacónica como ausente de aclaraciones: «No vamos a decir nada. No hemos dado nada». Ni una palabra más. La filtración de un informe por el conseller, máxime a un imputado en el caso, debilita la imagen que el presidente, Alberto Fabra, quiere impulsar de firmeza contra la corrupción. En el asunto del posible fraude en las ayudas de Cooperación en la etapa de Blasco como conseller, además, se da la circunstancia de que la Generalitat está personada como acusación particular. La Conselleria de Justicia realizó una investigación interna que luego se negó a hacer pública, aunque los jueces se la han reclamado.

El incidente evidencia los problemas del titular de la Generalitat con un grupo parlamentario en el que diez de sus 55 integrantes están imputados en diversas causas, algunas contra la hacienda autonómica. Fabra los ha apartado del cargo pero no del escaño. Compañeros de bancada, de siglas y, en algunos casos, de Gobierno, la complicidad entre los responsables del PP y los imputados evidencia ahora sus riesgos.

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