22 de noviembre de 2012
22.11.2012
Caso cooperación

La juez pide al fiscal que indague sobre la filtración de Vela a Blasco por si hay delito

22.11.2012 | 15:16

La magistrada del TSJ encarga al fiscal que indague si hubo revelación de secretos - La titular del juzgado número 21 de Valencia recibió ayer un informe de la Intervención de la Generalitat sobre el mismo asunto que el escrito que tenía el exsíndic del PP en las Corts

La juez instructora del caso Cooperación en el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana, Pía Calderón, solicitó ayer que se depuren las responsabilidades penales en que se hubiera podido incurrir por la filtración al imputado en la causa y diputado del PP en las Corts Rafael Blasco de un informe del interventor general de la Generalitat solicitado por el juzgado.

Según una providencia hecha pública ayer por el TSJCV, la magistrada de la Sala de lo Civil y lo Penal ha resuelto que se remita al Ministerio Fiscal la información publicada en su edición de ayer por Levante-EMV, que desveló en exclusiva que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, durante el transcurso del pleno del martes en la Cámara, facilitó a Blasco un informe elaborado por el interventor sobre la legalidad de anticipar el 100 % de las ayudas de Cooperación previo a su justificación. La información de este periódico se acompañaba con fotografías que acreditan el trasiego de papeles y el contenido del informe.

Calderón pide al fiscal que se depuren responsabilidades penales a efectos de lo dispuesto en el artículo 417 del Código Penal, relativo a la revelación de secretos e información. Fue el secretario de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano el que trasladó a la magistrada la información publicada por Levante-EMV. Tras recibir el artículo de este periódico, la juez dictó la citada providencia „contra la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días„ remitiendo la información al ministerio fiscal y ordenando investigar los hechos.

El interventor general de la Generalitat, Salvador Hernándiz, elaboró el citado dictamen «a requerimiento» del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que inicialmente llevó la investigación del presunto fraude en las subvenciones para ayudar a los países pobres que recibió una trama de ONG por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad cuando su titular era Blasco. La causa pasó al TSJCV al considerar la titular del juzgado, Nieves Molina, que existían indicios de delito en el exconseller, quien como diputado está aforado.

Blasco renunció a su cargo como portavoz del PP temporalmente y, tras su imputación por el TSJ en octubre, de forma definitiva, pero ha mantenido el escaño, donde comparte bancada con el conseller Vela, con el presidente Alberto Fabra y con otros nueve imputados populares en diversas causas.

Ayer llegó a las manos de la juez de instrucción número 21 de Valencia un documento de la Intervención de la Generalitat sobre el anticipo del 100 % de las subvenciones de Cooperación. Esto es, de contenido similar al que obraba ya en poder de Blasco el martes en la Cámara. Este escrito de la IGGV tuvo entrada en el registro del juzgado hace tres días. Sin embargo, las partes en el caso todavía no disponen de él. El informe del interventor que tenía Blasco está fechado el 15 de noviembre y en él no aparece la rúbrica.

Tauroni metió prisa
Fuentes judiciales indicaron que el fiscal podría cotejar las fotografías publicadas por Levante-EMV del informe del interventor con el documento oficial de Hacienda remitido al juzgado. En caso de coincidir, se constataría que Blasco tuvo en su mano un informe que forma parte de la investigación judicial y que sólo debía poseer la juez y el responsable de elaborarlo, el interventor. La posible revelación de secretos vendría agravada por el hecho de que quien lo tenía en su poder es un imputado, al que el dictamen beneficiaba a sus intereses, ya que avala que pueda pagarse el 100 % de las subvenciones de Cooperación antes de su justificación. En la providencia se alude a un escrito con fecha 12 de noviembre de Augusto César Tauroni, presunto cerebro de la trama de ONG y en prisión, en el que recuerda que está pendiente la respuesta de la Intervención de la Generalitat a una petición del juzgado de instrucción.

La situación de Vela se complicaría aún más judicialmente teniendo en cuenta que el Consell está personado en la causa como acusación. Por este motivo, fuentes del PP consideraban que, al margen de la autoría de la filtración, negada por Vela, el exconseller imputado disponía de un informe de la conselleria reclamado por el juzgado, con lo que se habría podido producir una infidelidad en la custodia de documentos que no estaría exenta de responsabilidades.

Vela acude hoy a las Corts
Por ello, en medios populares se considera que el asunto tiene muy difícil salida para el responsable de Hacienda. Ayer no tuvo agenda pública pero hoy está previsto que acuda al debate de totalidad de la ley de acompañamiento a los presupuestos en las Corts, donde debe presentar el proyecto.

La providencia de la juez también señala que se cite a declarar como testigos, a petición de Blasco, al presidente de Cruz Roja en la C. Valenciana, Fernando del Rosario, así como a M.ª Eugenia Prado Jara y Ángel Pérez Navarro, citados para el 13 de diciembre. Calderón indica que no ha lugar a la suspensión solicitada por Blasco de las testificales fijadas para el 4 de noviembre.

Multa e inhabilitación hasta tres años o prisión si es grave
La juez del TSJ concreta en su providencia en la que ordena al fiscal una investigación que los hechos podrían ser constitutivos del delito contemplado en el artículo 417 del Código Penal. El precepto determina que la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgados «incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años». El delito tiene un tipo agravado cuando de la revelación de secretos «resultara grave daño para la causa pública o para tercero». En ese supuesto, la infracción está castigada con pena de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. El incidente podría desembocar en una citación para informar del propio Vela, de Blasco e incluso del interventor de la Generalitat, Salvador Hernándiz, en función de si la petición del informe por el juzgado se dirigió directamente a él (en cuyo caso Vela no debería haber dispuesto del documento) o por conducto de la conselleria.

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