El abogado de Blasco presionó para evitar filtraciones en el caso

La magistrada Pía Calderón, que investiga el caso Cooperación en el Tribunal Superior de Justicia, ha instalado la ley del silencio en la causa desde que la asumiera hace dos meses. De hecho, con motivo de la declaración de Rafael Blasco como imputado y aprovechando que se encontraban todas las partes personadas y la Fiscalía, advirtió de que sería intransigente con las filtraciones, según explicaron a este periódico fuentes jurídicas. La primera medida que tomó fue vetar que los abogados de las acusaciones y los imputados tuvieran acceso a la transcripción del interrogatorio de Blasco, como pasa en la mayoría de juzgados. Así, la parte interesada debe acudir al TSJ a escuchar la grabación y copiarla en un papel a mano. Una decisión que dificulta mucho el trasiego de información.

En esta batalla contra las filtraciones del caso el principal adalid es Javier Boix, abogado del imputado Rafael Blasco. Curiosamente el martes por la mañana fue su cliente quien recibió un informe del Interventor de la Generalitat solicitado por la juez y de mano del conseller de Hacienda, José Manuel Vela.

Así, según ha podido saber este periódico de fuentes jurídicas, Boix ha denunciado las filtraciones y ha protestado a la magistrada en reiteradas ocasiones por estas salidas de documentación del sumario. El argumento del abogado de Blasco es evitar juicios paralelos en los medios de comunicación. En este sentido, las mismas fuentes explicaron que Boix insinuó que las fugas de información parten de los fiscales o del propio TSJ, explicaron las mismas fuentes. Tal es la preocupación, que hasta ayer el gabinete de comunicación del TSJ no había hecho público ningún auto o providencia emitido por Pía Calderón.

Sobre las filtraciones, la juez desestimó en un auto en poder de este periódico apercibir a los fiscales o las partes por una denuncia de fuga de información. Aún así, en la misma interlocutoria fechada el dos de noviembre, la magistrada del TSJ recordaba que «la protección del secreto genérico de las diligencias sumariales y la observancia del deber de reserva que prohíbe comunicar su contenido a cualquier persona trata de procurarse en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal». En ese sentido, «se impondrá una multa al abogado o procurador de las partes que revelare indebidamente el secreto del sumario». Además, señala también que incurriría en delito penal «la revelación cometida por un funcionario público». Y es en este caso donde podrían tener problemas tanto el Interventor de la Generalitat como el conseller Vela.

Un documento poco valioso

Respecto al documento filtrado por Vela a Blasco, se trata de un informe del Interventor que avala que la Conselleria de Solidaridad abonara el 100 % de la subvención del proyecto antes de recibir las justificaciones de lo que se había hecho por parte de las ONG. Los papeles a los que tuvo acceso el imputado, al menos los que pudo fotografiar Levante-EMV, no son excesivamente trascendentales para el futuro del caso, puesto que estaría aclarando un término muy conocido en el mundo de la cooperación, según explicaron desde la Coordinadora de ONGD.

Este informe sería un punto favorable para la defensa de las ONG acusadas y del propio Blasco, ya que todas las subvenciones que recibieron las organizaciones vinculadas a la fundación del empresario preso fueron ingresadas en sus respectivas cuentas corrientes a los pocos días de recibir la adjudicación.