Cinco lustros avalando la gestión

Salvador Hernándiz es seguramente la persona que mejor conoce los entresijos de la Generalitat. No sólo por el puesto que ocupa „la Intervención General„ sino también por los años que lleva en el que es uno de los sitios más estratégicos de toda la administración. Hernándiz es desde que el PP gobierna en la C. Valenciana hace 17 años la persona encargada del control interno de las diversas actuaciones del Consell. Las decisiones más importantes en materia económica han pasado por sus manos. No en vano, la ley le atribuye «el control de todos los actos de de la Generalitat, sus entidades autónomas y empresas públicas, que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y de la recaudación, inversión o aplicación en general de sus caudales, con el fin de asegurar que la administración de su hacienda se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso». Sin su visto bueno, la mayoría de los acuerdos del Ejecutivo no habrían sido posibles. Hace menos de once meses, en diciembre de 2011, Hernándiz fue ascendido a secretario autonómico como consecuencia del decreto del Consell de Fabra de creación de las unidades especiales de control. Hasta ese momento, tenía rango de subsecretario. Esta norma equiparó la Intervención con la Abogacía General.

Pese a su larga trayectoria pocas veces Hernándiz había salido de la sombra. De ahí que en mayo de 2010 sorprendió tanto y fue tan contestado internamente que accediera a comparecer en una rueda de prensa para defender la contratación de la Generalitat en pleno huracán Gürtel. Hernándiz asistió a la rueda de prensa posterior al pleno del Consell para leer junto a con la entonces abogada de la Generalitat, Isabel Villalonga, un comunicado defendiendo el buen hacer de la administración en época de Francisco Camps. Su intervención sirvió para contrarrestar un informe judicial aireado entonces por el PSPV que ponía en solfa la contratación de la Generalitat con las empresas de la trama.

Pese a tener rango de alto cargo el interventor no es un responsable político al uso. Es un alto funcionario, adscrito a la Conselleria de Hacienda, pero con con plena independencia funcional. De ahí, que en teoría no debe rendir cuentas de su labor vigilante. La juez del caso Cooperación remitió una providencia a la Intervención General de la Generalitat para que elaborara un informe sobre las ayudas a la Cooperación. Aunque el papel que Vela facilitó a Blasco en el pleno no está firmado, si aparece el nombre del interventor como responsable del mismo. La divulgación de un documento que en teoría debería ser confidencial pone al funcionario en una situación complicada, ya que surgen varios interrogantes sobre su papel en esta polémica, entre ellos si el conseller debía o no copia. Pese a ello, Hernándiz declinó ayer hacer declaraciones cuando este diario se puso ayer en contacto con él. Hernándiz, a través de una persona de su gabinete, remitió a este diario a prensa de la conselleria. Hernándiz y Vela mantienen una estrecha relación fruto de los años que han trabajado juntos.