El Consell acepta rebajar los privilegios de los expresidentes, que solo disfruta Camps

El Gobierno de Alberto Fabra está dispuesto a recortar los privilegios reconocidos por ley a los expresidentes de la Generalitat, a los que sólo se ha acogido Francisco Camps tras su dimisión en julio de 2011 por el caso Gürtel. Lo asegura el vicepresidente José Císcar en la exposición del criterio del Consell a la proposición de ley presentada por Esquerra Unida de derogación de la ley del estatuto de los expresidentes autonómicos. Una iniciativa que las Corts abordarán en el pleno de la próxima semana. El Consell, explica Císcar, está "abierto" a que esta norma "sea objeto de reconsideración y análisis", ya que "la necesidad de proporcionar respeto institucional" a los exmandatarios -por la vía de garantizarles de forma vitalicia una posición y unos medios-, el "amplio consenso" que recabó la ley al entenderse que "contribuía al fortalecimiento de las instituciones de autogobierno" y la existencia de regulaciones análogas en el Estado y otras autonomías son cuestiones que "han de ser moduladas por la actual coyuntura económica y social".

Un coyuntura, añade, que obliga a "replantear el orden de prioridades" del Consell. No obstante, el Ejecutivo se pronuncia en contra de tramitar la propuesta de EU porque supone, dice, simplificar la cuestión "al todo o nada". En cambio, señala que "la reconsideración de las prerrogativas recogidas" en la ley "ha de ser abordada por todos los grupos desde la reflexión y la responsabilidad", fijando los "principios básicos de acuerdo" para abordar, después, "los espacios de discrepancia".

El estatuto de los expresidentes -aprobado en 2002 con una tramitación récord tras un pacto PP-PSPV, semanas antes de que Zaplana fuera nombrado ministro- garantiza a los exmandatarios un sueldo de por vida al reconocerles la posibilidad de formar parte del Consell Jurídic Consultiu como miembros natos, con una retribución similar a la de un conseller (57.599,76 euros). Además, pueden disponer de una oficina de apoyo con un local y dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario, dos puestos de trabajo eventuales con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, con un automóvil del parque móvil de la Generalitat a su disposición. Hasta ahora, sólo Camps se ha acogido al estatuto y forma parte del CJC, al tiempo que mantiene el escaño de las Corts, de donde no cobra.

Los socialistas, por boca de su portavoz, Antonio Torres, creen que los expresidentes pueden seguir aportando a través del Jurídic -órgano homólogo al Consejo de Estado en la C. Valenciana-, pero aceptan reducir en los medios materiales y humanos. Esto es, la oficina y los asesores.

El diputado de EUPV Ignacio Blanco censuró el contenido de este dictamen y acusó al Consell de estar haciendo "propaganda barata" cuando en realidad "no tiene ninguna intención de retirar los privilegios a los expresidentes". "Si PP y PSOE quieren cambiar la situación verdaderamente, que aceptan nuestra proposición, cosa que no han hecho ni van a hacer, así que menos excusas para dar titulares", reprochó Blanco, para quien la dignidad "no está en los privilegios sino en el comportamiento de cada uno".