Las policías española y norteamericana van a tener muy difícil recuperar parte del dinero desviado desde las ONG de la trama que cobraron de la Generalitat a las firmas del empresario preso Augusto César Tauroni, según un informe emitido por el asistente del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida en poder de Levante-EMV. En el documento, el investigador revela que la firma International Human Resources de Tauroni fue disuelta y sus activos retirados por la testaferro del empresario el 30 de mayo de 2012, tres meses después de las detenciones y cuando la juez valenciana ya estaba inundando la fiscalía de EE UU de comisiones rogatorias.

Julia Valdés, una ciudadana argentina que ahora se encuentra en busca y captura tras ser imputada en el caso por blanqueo de capitales y otros delitos, era la cabeza visible de algunas de las sociedades que Tauroni montó en EE UU y de la fundación que constituyó para conseguir la adjudicación del hospital de la Generalitat en Haití por cuatro millones de euros. Valdés es la persona que disuelve la empresa y recoge los activos, según el informe del ayudante del fiscal de Florida.

El documento también revela como International Human Resources recibe una transferencia de 82.960,35 euros de la ONG investigada Asade África por unos «trabajos de desbroce y preparación del terreno». Unos trabajos que nunca se habrían realizado puesto que cuando se observan los movimientos de las cuentas de la empresa tan sólo se hacen compras en gasolineras, hamburgueserías y una tienda de juguetes, por 500 dólares. Además, es complicado que una mercantil radicada en Miami pueda hacer estas operaciones en Mauritania.

Tres días después de este ingreso hecho por Asade África en International Human Resources, desde esta sociedad se transfiere a Indra Holding and Investment 78.717 euros. Esta sociedad también pertenecía a Tauroni y estaba inscrita en EE UU. Uno de los apartamentos que compró el empresario preso en la ciudad de Florida estaban a nombre de la mercantil Indra, según la documentación incautada en la vivienda del preso.

Este informe del ayudante del fiscal de Florida se encontraba bajo secreto de sumario hasta ayer, cuando la juez lo levantó «a fin de continuar este procedimiento con las debidas garantías». La magistrada argumenta que se han finalizado las diligencias de investigación que «justificaban la excepción».