La Diputación de Alicante pagó 32.899 euros por un informe para subir sueldos

La auditoría que analiza la gestión durante 2011 de la empresa pública Geonet, una sociedad propiedad de Suma y dependiente de la Diputación de Alicante, revela que la mercantil abonó 32.889 euros en varios plazos a una consultora privada por un informe que, en último extremo, sirvió para justificar una subida de los sueldos del escalafón medio y alto de sus directivos. Los datos del informe, elaborado por la auditora Mazars y que se entregaron al consejo de administración hace unos días, ponen de relieve el descontrol que reinaba en los balances de la firma y destapa que, durante el ejercicio de 2010, la sociedad registró pérdidas por 214.000 euros cuando los gestores de la empresa habían presentado un beneficio de 9.000 que, en la práctica, resultó ficticio.

Estos datos cabe sumarlos a los de una sociedad pública que en 2011 perdió 1,4 millones, que necesita de inyecciones de su único socio -Suma rescató la entidad por 1,9 millones en marzo de 2011 y compró las acciones que no estaban en su poder- para poder continuar con su actividad y que, de acuerdo con los datos de la auditoría que adelantó ayer este periódico, pagó, durante los primeros diez meses del año pasado, facturas sin justificar por 111.000 euros en viajes, teléfonos móviles -hasta 28 líneas- y asesores externos. Los abonos corresponden a la recta final del mandato de Joaquín Ripoll en la Diputación de Alicante y a la gestión como gerente de Geonet de Esteban González Cuchillo, destituido junto a otro directivo por Luisa Pastor en octubre de 2011, a las pocas semanas de llegar a la institución.

Pago troceado en varias facturas

En el análisis que la memoria realiza de los contratos realizados por la mercantil pública, el auditor alude a las cantidades que se entregaron mensualmente a una consultora externa entre enero y junio de 2011 por valor de 32.889 euros. Geonet realizó dos pagos de 6.000 euros, otros dos de cinco mil, uno de 889 y el último de cuatro mil por una serie de informes, en algún caso con títulos casi calcados, sobre productividad y valoración de los puestos de trabajo. El montante de la contrata se "troceó" en varias facturas para sortear la normativa sobre adjudicaciones públicas.

"Debería haber sido objeto de expediente de contratación tramitado de acuerdo a la LCSP", asegura el auditor en clara referencia a la necesidad de que la contratación se hubiera ajustado a la legislación actual.