La magistrada del TSJ que instruye la causa de la Cooperación, Pía Calderón, ha remitido una comisión rogatoria a Estados Unidos para que las autoridades federales informen sobre los viajes que ha realizado entre 2008 y 2012 Rafael Blasco al país norteamericano. La Fiscalía Anticorrupción pidió la medida el 31 de octubre al tener indicios de que parte de las subvenciones de la conselleria dirigida por Rafael Blasco se cobraron en Estados Unidos. La juez también ha reclamado información sobre los viajes a Estados Unidos del principal inculpado, el empresario Augusto César Tauroni, y del técnico informático que llegó a ser jefe del área de Cooperación, Marc Llinares Picó. Además, la magistrada ha solicitado que declare en Miami como testigo la socia de Tauroni en Florida, Julia Valdés.
Pía Calderón advierte a las autoridades americanas de que las diligencias son imprescindibles "al objeto de obtener pruebas para el esclarecimiento de los hechos que se imputan a las personas sobre las que se dirige la presente investigación. Fundamentalmente se pretende averiguar el destino y los destinatarios del dinero desviado de forma ilícita dado que la testigo participó en la constitución de diversas sociedades y en las operaciones inmobiliarias del principal inculpado".
La Fiscalía considera esencial disponer de un informe detallado sobre los movimientos de Blasco, Tauroni y Llinares en Estados Unidos entre 2008 y 2012. La juez ha solicitado en la comisión rogatoria las fechas de llegada y salida, las localidades de origen y destino, los domicilios facilitados de alojamiento, los datos de contacto, los acompañantes, así como si efectuaron declaración de entrada de dinero en efectivo por más de 10.000 dólares.
La magistrada Pía Calderón justifica la petición en un auto dictado el dos de noviembre y que hasta el jueves estaba bajo secreto de sumario para no entorpecer la investigación. Calderón recuerda que hasta ahora se ha podido constatar que el principal investigado, Augusto César Tauroni, ha creado un entramado de sociedades a través de las cuales ha conseguido captar elevadas cantidades de dinero público, utilizando para ello como meras entidades instrumentales las distintas ONG que han concurrido a las convocatorias de la Conselleria de Solidaridad. La juez añade que Tauroni utilizó la Fundación Hemisferio para gestionar los proyectos presentados por las ONG, desviando grandes sumas de dinero de las subvenciones a sociedades pantalla. La clave es que parte de los fondos fueron a cuatro sociedades domiciliadas en Estados Unidos.
"Claros indicios"
El auto incide en que la totalidad de las subvenciones concedidas entre 2008 y 2011 fueron aprobadas por el entonces conseller de Solidaridad, Rafael Blasco. La magistrada advierte de que la investigación ha arrojado "claros indicios de la estrecha relación mantenida entre Augusto César Tauroni, principal imputado y beneficiado de las ayudas, y el que fuera titular de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. Indicios que conducen a entender de la participación de este último en la trama y ello en connivencia con determinadas personas con responsabilidades en dicha conselleria y a través de la concesión de subvenciones. De los correos analizados se desprende igualmente el posible cobro de cantidades en España en dinero en efectivo o en Estados Unidos".
La socia de Tauroni en Florida fue imputada en un primer momento, pero ahora la magistrada la ha citado como testigo. El fiscal justificó la petición de desimputación de Julia Valdés en que "si bien constituyó diversas sociedades por encargo del principal imputado e intervino como agente inmobiliario en la compra de los dos apartamentos adquiridos por Tauroni en Miami, no parece haber tenido conocimiento ni del destino de aquellas sociedades ni de la procedencia y desvío ilícitos del dinero con el que fueron compradas las propiedades".
