Territorio deberá revisar 300 peticiones de ayudas de vivienda rechazadas en 1995

La Conselleria de Territorio deberá admitir a trámite y resolver 300 solicitudes de ayudas a la vivienda que rechazó en 1995 de forma ilegal, según las sentencias dictadas al respecto por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El caso lo ha ganado la Asociación valenciana de consumidores y usuarios (Avacu) que ha litigado durante diecisiete años contra la decisión irregular de cerrar la presentación de ayudas al Plan de Vivienda 1992-1995, presentadas con posterioridad al 15 de octubre de 1995.

Avacu presentó un recurso en 1997 contra la decisión del entonces conseller de Urbanismo, Luis Fernando Cartagena, de cerrar el plazo de presentación de ayudas para la adquisición de viviendas a precio tasado. Esta decisión se adoptó "irregularmente, antes de la fecha prevista en el Plan 1992-1995 y no se tuvo en cuenta a algunas de las personas que ya habían presentado la solicitud de ayudas, por lo que quedaron en un limbo legal. Trescientas peticiones se rechazaron por presentarlas fuera de plazo". Inicialmente el TSJ rechazó las pretensiones de Avacu porque, alegaron, "no podía representar a las familias afectadas porque no tenía competencias ni podía ostentar la representación de sus asociados en un acto como este". Así que gran parte de este recorrido judicial de 17 años se ha empleado en demostrar que Avacu podía representar a sus asociados en este asunto, tal como dictaminó el Tribunal Constitucional, que concedió el amparo a Avacu y obligó a la sección de lo contencioso administrativo del TSJ, que rechazó su demanda inicial, a entrar en el fondo del asunto. "Han sido muchos años, pero al menos ahora ya tenemos una sentencia que nos avala en nuestro trabajo de defensa de los usuarios", explicaban ayer fuentes de Avacu. En la segunda "vuelta" el TSJCV dio la razón a Avacu al considerar que la antigua Coput cerró el Plan de Vivienda 1992-1995 "irregularmente" por lo que la actual conselleria debe admitir a trámite las 300 ayudas y resolverlas (lo que no significa que las acepte). Desde la Conselleria de Territorio, que dirige Isabel Bonig, aseguraron ayer a Efe que acatarán la sentencia "como no podía ser de otra manera".