Las Corts no quitará los privilegios a expresidentes

El pleno de Les Corts Valencines ha rechazado hoy, por los votos en contra del PP, tramitar la petición de Esquerra Unida de que se derogue el Estatuto de los expresidents de la Generalitat y las prerrogativas que les otorga, que Compromís ha respaldado y en la que los socialistas se han abstenido.

El Estatuto de expresidents, aprobado en 2002 por el PP y el PSPV-PSOE, otorga prerrogativas como el tratamiento vitalicio de molt honorable, medios materiales (una oficina de apoyo con dos asesores, un conductor y un vehículo de la Generalitat) y la condición de miembros permanentes del Consell Jurídic Consultiu.

El Gobierno valenciano se ha opuesto a la tramitación de esta iniciativa aunque ha asegurado que está abierto a la "reconsideración de las prerrogativas" de los expresidentes, dada la coyuntura económica y social.

La iniciativa ha sido defendida por el diputado de EU Ignacio Blanco, quien ha calificado de "injustificables" los "privilegios" que a su juicio otorga la norma aprobada hace diez años, y ha pedido que se replantee el "error" que cometieron el PP y PSPV pues los políticos, ha dicho, deben tener los mismos derechos que los ciudadanos, pero no privilegios.

Blanco ha cuestionado la falta de control y de transparencia sobre los recursos que se destinan a los expresidentes, pues "parece" que Eduardo Zaplana, que reside en Madrid, dispone de dos escoltas, y no se sabe lo que le cuesta a los valencianos "Camps como expresident", porque el Consell no da explicaciones.

El diputado del PP José Marí ha defendido que los expresidents no tienen "prebendas ni privilegios", sino prerrogativas que "le parecen bien a cualquier democracia occidental", y de las que hacen uso de forma "mesurada y medida todos ellos".

Marí ha señalado que la seguridad es "una necesidad", no un privilegio, y ha admitido que hay aspectos que se podrían "mejorar", pero para ello cabría un debate "con un mínimo de seriedad y sentido común" y no derogar "sin más" un Estatuto que se refiere a "la dignidad" no del expresident, sino "del pueblo valenciano que le ha elegido para gobernarle".

El socialista Rafael Rubio ha justificado la abstención de su grupo en que han presentado una propuesta para modificar aspectos de la ley, ya que el tiempo evoluciona y cabe "rectificar", y ha indicado que no se trata de una cuestión de "dignidad", pues hay comportamientos que "ruborizan", como el de quien "pasará a la historia por hundir el sistema financiero valenciano".

Mireia Mollà, de Compromís, se ha mostrado partidaria de un cambio profundo de esta norma para aumentar la regulación de los expresidents y ampliar las incompatibilidades tras su cese, pues no es una cuestión "solo de chófer o de coche oficial".