FGV quiere despedir a 450 trabajadores

El consejo de administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) dio ayer vía libre al expediente de regulación de empleo (ERE) que prevé despedir a 450 trabajadores y reestructurar la empresa. El dato, no por esperado, cayó como un jarro de agua fría sobre los 1.805 trabajadores. Una nutrida representación de los empleados protagonizó una sonora pitada por la mañana frente a la Conselleria de Infraestructuras, donde se celebraba el consejo de administración.

FGV alega causas "técnicas, productivas, organizativas y económicas" para aprobar el ERE que persigue reducir en 22 millones de euros el gasto de personal", de 86 a 64 millones. El gerente de FGV, Pablo Cotino, comunicará hoy al comité de empresa las áreas en las que se prevén los despidos (una cuestión importante porque el servicio al usuario podría verse afectado) y los detalles de la reestructuración de la empresa. Desde la dirección de FGV únicamente revelaron ayer que las 16 direcciones creadas durante la época de Marisa Gracia se quedarán reducidas a 8 (sin aclarar si los directores degradados continuarán cobrando el mismo sueldo), que se van a centralizar servicios en Valencia en detrimento de Alicante y que se van a "reducir servicios y horarios. Las áreas de atención al cliente, estaciones y oficinas van a pagar el pato", lamentaron ayer fuentes sindicales.

La presidenta del comité de empresa de FGV Valencia, Alicia Murcia, considera el ERE una "agresión brutal" y reclama que se aplique en varios años "para aplicar prejubilaciones y que sea tan traumático". El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, defendió que "no queda más remedio que reducir el personal de las empresas públicas para aligerar la administración" y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, admitió que "es una medida muy dura pero necesaria. No se hace alegremente". Antonio Torres (PSPV) lamentó que se reduzca el sector público sin consenso; Enric Morera (Compromís) considera el ERE "una estafa, porque hace pagar la crisis a justos por pecadores" e Ignacio Blanco (EU) pidió que se exijan responsabilidades a quienes han dirigido FGV "de manera muy deficiente y con supuestas ilegalidades".