El Síndic envía a las Corts un informe jurídico para evitar la «tutela» del Consell
La Abogacía de la Generalitat replica que los entes estatutarios están sometidos a las medidas de control
juanjo garcía gómez valencia
El Síndic de Comptes, Rafael Vicente, intenta salvar a la desesperada la independencia del organismo que fiscaliza el Consell ante la pretensión del Ejecutivo „incluida en el proyecto de presupuestos para 2013„ de imponer un control adicional a las instituciones estatutarias en materia de personal, de forma que cualquier modificación que comporte incremento del gasto requerirá el visto bueno de la Conselleria de Hacienda. Vicente ha remitido a todos los grupos parlamentarios un informe jurídico (sin firma ni membrete) en el que advierte que la «tutela» que se quiere imponer a la Sindicatura es contraria al Estatuto de Autonomía, que la «ubica orgánicamente» bajo la dependencia de las Corts «con la finalidad principal de garantizar la independencia respecto al poder ejecutivo». Un argumento que sirve para el Síndic de Greuges, el otro órgano que fiscaliza la labor del Consell y también depende de las Corts.
El auditor, que ha mantenido conversaciones con los grupos, pretende, vía enmiendas, evitar la toma de control del personal, al menos en el caso de la Sindicatura, por parte del Gobierno valenciano. Hasta ahora, de ese control de Hacienda estaban exceptuadas las Corts y los entes estatutarios. El proyecto económico para 2013 solo salva a las Corts. El informe del Síndic advierte que «no se entiende» la independencia funcional «sin autonomía presupuestaria, reglamentaria y de personal» y que «cualquier recorte» de esta autonomía supondría «cercenar» su independencia e «incumplir» el mandato estatutario. La ley de la Sindicatura, agrega, consagra la «total independencia» del ente, y avisa de que esta norma está blindada por mayoría cualificada de tres quintos por el Estatuto, mientras los presupuestos sólo requieren mayoría simple.
El blindaje, «leyes ordinarias»
Las advertencias del Síndic suscitaron dudas al PP, que las trasladó al conseller de Hacienda, José Manuel Vela. Éste encargó un informe a la Abogacía de la Generalitat, que concluye que las instituciones estatutarias «se encuentran sometidas a todas las medidas que la ley de presupuestos pueda establecer en materia de control de gasto público y en personal, habida cuenta de que forman parte del sector público valenciano». Como las Corts son las que aprueban los presupuestos, al final, recalca, este «control adicional» lo impondrá la Cámara de la que dependen. Respecto al blindaje de las leyes de creación de estos entes (tres quintos de las Corts), indica que son «leyes ordinarias» que también reconocen que la Sindicatura está sometida a «las normas generales que sean de aplicación».
El otro sobre del conseller Vela
El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, no sólo pasó un sobre con un informe sobre el caso Cooperación solicitado por el juzgado al imputado y diputado del PP, Rafael Blasco. La escena „que tuvo lugar en el pleno de la semana pasada y que ha puesto en la picota a Vela„ permite ver que el envío fue doble: Un sobre era para Blasco pero había otro para el viceportavoz del PP, Rafael Maluenda. ¿Y ese segundo sobre? Hay hasta quien pensaba que lo había entregado para disimular el que iba en dirección a Blasco. Pues bien, contenía el informe de la Abogacía que hará que el PP no autoenmiende las cuentas para mantener la autonomía en personal de la Sindicatura.
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