Blasco tuvo el informe pedido por la juez una semana antes que las partes

El informe confidencial del interventor general de la Generalitat que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, facilitó en las Corts al imputado en el caso Cooperación Rafael Blasco, es el mismo que tiene en su poder la jueza del Tribunal Superior de Justicia que investiga la causa, que recibió el documento dos días después que Blasco, el 22 de noviembre. Eso sí, aunque el contenido es exactamente el mismo, el dictamen en poder de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia que reproduce hoy Levante-EMV lleva la firma y el sello del alto funcionario, Salvador Hernándiz García.

El informe filtrado en las Corts el día 20 de noviembre llegó ayer a las partes, incluido al abogado de Rafael Blasco, Javier Boix. Así, el diputado del PP pudo conocer este documento presente en el sumario, que en su día estaba secreto, hasta siete días antes que los demás implicados y las acusaciones. Como se puede observar con toda claridad, el escrito en poder de la juez es el mismo que fotografió este periódico en su día. Tiene la misma fecha y el mismo contenido, puntos, comas y separaciones exactas. La única diferencia es la firma y el sello oficial, aunque los números de referencia, el asunto y la fecha evidencian que se trata del mismo papel.

En este informe se observa como el documento se firma el día 15 de noviembre y sale de la Generalitat en dirección del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia un día después, según los sellos oficiales. Este juzgado lo había solicitado el pasado 10 de septiembre.

En el mismo papel se observa que el día 20 de noviembre el informe entra en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, justo el mismo día en que Blasco tuvo acceso a él en su escaño de las Corts. Ese día partió hacia el TSJ, que es el tribunal que instruye la causa al estar imputado el aforado Rafael Blasco. No fue hasta el día 22 de noviembre que estos papeles llegaron a manos de la magistrada instructora María Pía Calderón.

Como ya contó este periódico, Anticorrupción investiga el soplo desde el día 21 de noviembre tras publicarlo en exclusiva este rotativo. El Ministerio Público podrá comprobar que el documento oficial que les mandó la Intervención de la Generalitat es el mismo que captaron los fotógrafos y que tenía en su poder un imputado antes que ninguna de las partes y la propia juez.

La filtración del documento revela fugas de información confidencial en la administración valenciana en un caso donde hay una persona encarcelada y la propia Generalitat es acusación particular al haberse desviado entre tres y seis millones de euros públicos. El informe no tiene ninguna trascendencia, pero el juzgado ha encargado durante la instrucción otros que en caso de adelantarse a algún imputado o modificarse podrían entorpecer la investigación judicial.