Corts Valencianes

Fabra anuncia el pago de 40 millones a los discapacitados

El pleno del Consell destinará mañana 10 millones a los centros para abonar las nóminas, a los que se sumarán 30 más del FLA antes de final de año

EFE

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha anunciado que el pleno del Consell aprobará mañana el pago de 10 millones de euros a centros de discapacitados para abonar las nóminas de los trabajadores, cifra a la que se sumarán 30 millones más del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) antes de final de año.

Fabra, quien ha respondido en el pleno de Les Corts a preguntas del PSPV y Esquerra Unida sobre los impagos del Gobierno valenciano, ha mostrado su deseo que con el FLA del año que viene se pueda hacer un calendario de pagos "que tranquilice a todos los colectivos" y les dé "la seguridad" de que la Generalitat les va a pagar.

El president ha asegurado que es consciente de la preocupación que existe en muchos colectivos ante los impagos, que en algunos casos es "dramática", y por eso trabajan de forma "muy silenciosa, sin hacer ruido", con el Gobierno central para que ayude a la Comunitat a afrontar sus obligaciones de pago.

La sesión de control en Les Corts ha sido seguida desde la tribuna de invitados por miembros de plataformas en defensa de la dependencia, quienes han sido desalojados después de que hayan proferido gritos que reclamaban "respeto y dignidad por la discapacidad".

El portavoz socialista, Antonio Torres, ha instado a Fabra a que "diga la verdad" y no siga "engañando" con "promesas de pago que no cumple nunca", y ha pedido que el Consell deje de ser "el más moroso de España" y adopte medidas como la recuperación del Impuesto de Sucesiones y un nuevo impuesto para los depósitos bancarios.

La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha denunciado que el Consell recorta el presupuesto del año que viene para este sector en 14 millones de euros e introduce el copago, y le ha acusado de "desmantelar" el sistema para que al final quede "en manos de las empresas que hacen negocio con las necesidades de la gente".

El president ha defendido el trabajo "silencioso" del Consell y la relación "fluida" con el Gobierno central para lograr mecanismos de pago a estos sectores, y como ejemplo ha señalado que el pasado lunes estuvo reunido con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con la titular de Sanidad, Ana Mato.

Fabra ha mostrado su deseo de que a final de año se pueda disponer de la "seguridad" de un calendario de pagos para "no engañar a nadie", de manera que se sepa cuánto dinero se tiene y cuándo se va a pagar, y que quienes trabajan "por el bien de todos" tengan la "garantía" y la "seguridad" de que van a cobrar.

Según el president, la Comunitat dispone de uno de los sistemas sociales "más avanzados" de España, con 381 centros y más de 13.500 plazas autorizadas, y ha resaltado que medidas como la reestructuración del sector público permiten destinar ese dinero a políticas sociales.

"Claro que tenemos que pagar, y cuanto antes", ha manifestado Fabra, quien ha admitido que "no se puede consentir ni repetir" que las "tensiones de tesorería" de la Generalitat generen "grandes inconvenientes y problemas a muchos colectivos", pero ha pedido que no se haga "demagogia" y entre todos se ayude a resolver el problema.

Torres ha pedido a Fabra que se "plante" ante Rajoy y le exija otros mecanismos, como que el Estado se haga cargo de todos los intereses de los préstamos que ha concedido a la Comunitat, y le ha instado a explicitar la "deuda real" de la Comunitat y "cuándo piensa pagarla".

Sanz ha acusado al Consell de haber "cortado el lazo de la sensibilidad" en sus prioridades y de renunciar a la atención pública a la discapacidad, al tiempo que opta por un estado "de caridad".

Además, el vicepresidente del Consell, José Císcar, ha asegurado que, a estas alturas del año, ya han cumplido el plan de reequilibrio económico y financiero.

Enmienda a los PGE para desplazados sanitarios

Fabra, ha anunciado hoy que el PP aprobará en el Senado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2013 presentada por los populares valencianos para reclamar financiación con la finalidad de atender a los pacientes desplazados en la Comunitat Valenciana.

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