El TSJ investigará la filtración del informe de Vela a Blasco

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha declarado competente para investigar la denuncia de Fiscalía contra el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, por la filtración de un documento relativo al 'Caso Cooperación' al exportavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco.

La denuncia va dirigida también contra el Interventor General de la Generalitat, Salvador Hernández. La sala ha incoado diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que hayan participado en ellos y ha designado instructor al magistrado José Flors.

La jueza instructora del conocido como 'caso Cooperación', que investiga un presunto fraude en las subvenciones a ONG por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, remitió la pasada semana al fiscal una información relativa a la presunta filtración por parte del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, al ex titular de Solidaridad y diputado en las Corts, Rafael Blasco, de un informe sobre las ayudas a ONG, por si existiera responsabilidad penal.

Los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, otro de encubrimiento y un tercero de infidelidad en la custodia de documentos.

Basándose en lo publicado por Levante-EMV al día siguiente del pleno, el fiscal relata que pese a que Vela es el superior orgánico de Hernándiz, firmante del informe supuestamente filtrado, a aquél "le estaba vedado conocer" el documento.

Según la denuncia de la Fiscalía, la solicitud judicial que lo motiva fue dirigida directamente por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia a la Intervención General de la Generalitat, organismo que actúa además "con plena independencia funcional", mientras que el informe todavía no había tenido entrada en el TSJCV.

"El documento que lee el imputado no ha podido ser obtenido por ninguna de las partes personadas en el procedimiento ni desde la sede judicial", pues justo ese día el informe estaba siendo sellado para su entrada en el Juzgado y en las fotografías "claramente se ve" que esos sellos oficiales "no constan en el documento filtrado".

Para el fiscal, eso resulta "especialmente significativo" y también le parece "extraordinariamente alarmante" que sea Blasco quien lea un documento pedido por el Juzgado a la Intervención General "antes" de que ese órgano judicial lo tenga en su poder.

"Y lo que es más -incide la denuncia-, que esta lectura se haga en la sede parlamentaria de las Corts Valencianes de la que es diputado el imputado, a lo que habría que añadir que en las diligencias a las que iba destinado el documento está personada como acusación particular el Gobierno autonómico, al que pertenece el honorable conseller que entrega el sobre".

La comisión del Consell pide el vídeo a las Corts

El "grupo de trabajo" constituido por el Consell para investigar la filtración ha pedido a las Corts el vídeo de la sesión plenaria de ese día.

Les Corts han recibido hoy un escrito que explica que el 26 de noviembre el vicepresidente del Consell, José Císcar, acordó constituir un "grupo de trabajo" encargado de practicar diligencias para determinar la supuesta filtración de un informe elaborado por el interventor general de la Generalitat a instancias del Juzgado.

El grupo de trabajo nombrado por el vicepresidente está formado por un subsecretario, una directora general y una subdirectora general de tres Consellerias diferentes.

Se trata del subsecretario de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social; la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts de la Conselleria de Presidencia; y la subdirectora general de atención al ciudadano, calidad e inspección de servicios de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.

El escrito firmado por los tres integrantes del "grupo de trabajo" solicita a Les Corts la grabación del vídeo correspondiente a la sesión del pleno del día 20 de noviembre, día en que se produjo la filtración, y pide que se remita a la Conselleria de Presidencia hasta el 4 de diciembre "como plazo máximo".

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció el pasado 21 de noviembre la apertura de una investigación interna para determinar si hubo o no filtración de ese documento.