El interventor del Estado que ha peritado para la juez las ayudas a la Fundación Cyes -que no tiene relación con la constructora del mismo nombre- desmontó ayer la tesis que defendió el exconseller de Solidaridad imputado en el caso, Rafael Blasco, cuando estalló el escándalo de la compra de inmuebles en Valencia con dinero de Cooperación en 2010. Blasco reconoció en su día que la ONG había adquirido los pisos, pero aseguró que
lo había hecho con su propio dine?ro. Para ello aportó facturas de todo tipo que justificaban que los 1,6 millones de euros de la subvención se habían invertido en pozos y comi?da en Nicaragüa. Ayer, el interventor Joaquín Falomir se ratificó en su informe y aseguró que la Fun?dación Cyes "no pudo financiar las facturas de los inmuebles adquiridos".
El interventor, que empezó a declarar a las 9.30 horas y acabó a las 14, explicó que los ingresos de la Fundación Cyes, "por su volumen y destino, así como por la inexistencia de préstamos, no han podido financiar la adquisición de los inmuebles por sus medios propios". "Esto ratifica que dichos inmuebles, con todos los costes colaterales justificados inicialmente, se adquirieron con los fondos provenientes de las subvenciones públicas", apunta el informe, contrarrestando toda la argumentación de Blasco empleada en su día.
Pero la Fundación Cyes no sólo no podía asumir la compra de pisos con el dinero que ingresaba de fondos privados, sino que además, el perito revela que la ONG "carece de capacidad económica para cofinanciar el 20 % de los proyectos concedidos por la Generalitat Valenciana". El interrogatorio del fiscal fue muy extenso y detallado, puesto que iba preguntando al perito, párrafo a párrafo, si se ratificaba en lo que había descrito en su informe, de 220 páginas y que ha venido desvelando Levante-EMV en la última semana. El perito asumió cada uno de los puntos del escrito, en el que se describen diferen?tes irregularidades en los cinco proyectos adjudicados a la Fundación Cyes, que sumaban 2,2 millones de euros.
El interventor también se ratificó en sus conclusiones en las que advertía gastos de la ONG sospechosos. "El volumen de gastos de viajes, hoteles y restaurantes presenta una importancia significativa en relación con su volumen ordinario de ingresos. Dichos gastos, por su volumen, destino y fecha, no presentan ninguna relación con el teórico destino fundacional", remata.
Según Falomir Gozalbo, "el volumen de gasto a través de caja de la Fundación Cyes, inicialmente alto cuando se perciben las subven?ciones, disminuye de modo significativo posteriormente". El perito asegura que "los ingresos por donativos, cuotas de socios, etc., son inexistentes" y todo se fía a las subvenciones públicas, la inmensa mayoría de la Conselleria de Solidaridad cuando estaba dirigida por Rafael Blasco.
Además, el perito también detectó irregularidades en los pagos, en cuanto a que se abonaron subvenciones a esta entidad antes de que se rehicieran algunos de los proyectos presentados, y eso pese a estar prohibido. Por otro lado, el interventor del Estado mantiene que se hicieron pagos irregulares a una firma del empresario Augusto César Tauroni -único imputado en prisión por esta causa- y a otra firma en la que figuraba el presidente del patronato de Fundación Cyes, Marcial López, y miembros de su familia.
Sobre este punto, el interventor asegura en su informe que "el hijo del patrono y presidente de la Cyes estuvo contratado en la fundación, vulnerando el artículo 22 de la Ley de Fundaciones de la Generalitat". El perito remacha: "No hay constancia de impartición de cursos, objeto de las tres subvenciones de menor importe."
El perito acude sin documentos
Antes de interrogar al perito, las defensas solicitaron a la magistrada la suspensión de las declaraciones alegando que no habían tenido acceso a parte de la documentación de la causa y, por tanto, no iban a poder preguntar sobre determinados aspectos. De hecho, el interventor no acudió a la declaración con los documentos que justificaban el informe y que tendrá que aportar en cuando vuelva a ser citado. Sin embargo, la jueza decidió seguir con el calendario. Este hecho provocó que tan sólo formulara preguntas el fiscal.
Una imputada cobró 12.881 ? por la corrección de un material didáctico
Ayer también declararon ante la juez del TSJ que instruye la causa las extrabajadoras de la Fundación Cyes María Josefa Cervera Tomás y Adela Rodríguez Albert, ambas ?imputadas en el procedimiento. La primera, que es pareja sentimental del presidente vitalicio de la ONG, fue interrogada por la magistrada sobre los trabajos que realizó para Cyes y por los que cobró 12.881 euros. Se trata de "Trabajos realizados en la gestión del material didáctico", que se limitaron a unas correcciones. Cervera Tomás contestó a la juez que su trabajo valía eso. Esta imputada y el presidente Marcial López, también imputado en la causa, se compraron una vivienda en Sagunto valorada en 960.000 euros en 2009 y compartían una empresa que también facturó a la ONG. La otra imputada que fue interrogada ayer, Adela Rodríguez, negó que supiera nada de la compra de los pisos y aseguró que los documentos firmados por ella que hay en el sumario los avaló porque se lo pidieron, aunque no sabía de qué trataban.
