01 de diciembre de 2012
01.12.2012

El TSJ inhabilita al ex alcalde de Torrevieja y lo condena a tres años de prisión

Pedro Hernández Mateo deberá pagar una multa de 10.000 euros y una indemnización de 12.000

01.12.2012 | 06:30

El exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP Pedro Ángel Hernández Mateo ha sido condenado a tres años de prisión y siete de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras en 2004. Según la sentencia hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el exalcalde manipuló el proceso de adjudicación mediante un complejo sistema para conseguir un solo objetivo: adjudicar el contrato, valorado en 97,8 millones de euros, a la UTE Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios.

Esta actuación «solo puede calificarse de arbitraria y lesiva para el interés público» y para el resto de empresas que concurrieron al concurso, señala la resolución, que además condena a Hernández Mateo a pagar una multa de 10.500 euros y a indemnizar al ayuntamiento con otros 12.000

El «plan preconcebido» del entonces alcalde de Torrevieja comenzó a ejecutarse en la mesa de contratación municipal celebrada el 24 de marzo de 2004, en la que expusieron los informes técnicos sobre las empresas candidatas a la adjudicación y en la que él se postuló a favor de la oferta de Necso.

Ante las opiniones discrepantes de los técnicos municipales, Hernández Mateo anunció, por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Torrevieja, que iba a recurrir al asesoramiento externo mediante la petición de informes a tres despachos de abogados —mínimo exigido por la ley de contratación pública—.

Sin embargo, el alcalde sólo consultó realmente con un despacho, Ariño y Asociados, que además tenía una relación laboral con la empresa que consiguió la adjudicación. El objetivo de esta consulta externa, con la que «faltó a la verdad», era «dotar el proceso de una extrema seguridad, profesionalidad y objetividad» para eludir los informes internos contrarios.

El alcalde ordenó escribir y firmó dos resoluciones municipales explicando que se había consultado a los tres despachos, y ahí es donde radica el delito de falsedad documental, porque, tal como ha quedado probado, uno de esos despachos ni siquiera existía.

La adjudicación siguió un rápido curso hasta una nueva reunión de la mesa de contratación que se celebró el 8 de abril, donde finalmente se aprobó la propuesta de Necso.

Según entiende la Sala de lo Civil y lo Penal, Hernández Mateo alteró la composición de esta mesa incrementando en dos el número de vocales para asegurarse el voto favorable a su propuesta.

También era la primera vez en sus quince años como alcalde que aumentaba los vocales de la mesa, y lo hizo, según el fallo, «para asegurarse la mayoría» sin tener que hacer uso de su voto de calidad, algo que «habría levantado sospechas de los demás grupos políticos».

En resumen, Hernández Mateo, además de firmar resoluciones que se han demostrado falsas, «manipuló» la voluntad de diferentes órganos municipales que participaron en el proceso de adjudicación para «sortear» la oposición de los técnicos y conseguir que el contrato se adjudicara a Necso.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, le considera autor de un delito de falsedad en documento oficial en concurso con un delito continuado de prevaricación.

Además de los tres años de prisión, le impone siete años de inhabilitación para cualquier cargo público electo circunscrito al ámbito local.

Pedro Hernández Mateo ha sido diputado en la III, IV, V, VI y VII legislaturas y fue presidente fundador del PP de Torrevieja desde 1984; localidad de la que también fue alcalde durante 23 años.

La hija del imputado Díaz Alperi sustituirá a Hernández Mateo
La hija del exalcalde de Alicante y diputado del PP en las Corts Elisa Díaz González es la siguiente en la lista «popular» a las Corts por Alicante, en cuanto el ex alcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo renuncie al acta de diputado, tras su condena, según confirman fuentes populares. El presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, confirmó que Hernández Mateo dejará el acta de diputado, tras ser condenado a tres años de prisión por falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad de Torrevieja. Díaz Alperi, de 35 años, ya fue diputada en la pasada legislatura, ya que entró en las Corts también sustituyendo a otro parlamentario popular. Precisamente, en 2009 sustituyó al hoy vicepresidente del Consell, José Císcar, quien dejó el acta para dedicarse a la Delegación del Consell en Alicante. En esta legislatura volverá a coincidir en las Corts con su padre quien, por cierto, también está imputado por el TSJ, junto a la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. E. P./levante-emv valencia


El primer condenado de 10 imputados
El ex alcalde y diputado del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo es el primero en ser condenado de los once parlamentarios populares con problemas con la justicia o salpicados por supuestos escándalos de corrupción. En la causa abierta en el TSJ por la presunta financiación irregular del PP hay seis diputados imputados: Ricardo Costa, Yolanda García, David Serra, Vicente Rambla, Angèlica Such y Milagrosa Martínez. La investigación de Gu?rtel todavía está en sus prolegómenos y puede tardar años en resolverse. Salpicados por el caso Brugal están la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor, Luis Díaz Alperi, imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información en favor de un constructor. El caso de las presuntas cuentas bancarias en Suiza tiene en jaque a la alcaldesa de ibi, Maite Parra, que está siendo investigada. Y cierra este panorama Rafael Blasco, imputado en el caso de las ayudas a la Cooperación, que también investiga el TSJ. levante-emv valencia

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