El cierre de la investigación judicial referida a las contrataciones de la Generalitat para el pabellón valenciano de Fitur supone la conclusión de la primera de las tres piezas abiertas sobre supuesta financiación irregular del Partido Popular en la Comunitat Valenciana. La causa por supuesta financiación irregular del PPCV tiene su origen en la investigación iniciada en 2009 sobre una presunta trama de corrupción, la red Gürtel, cuyo avance dio lugar a piezas separadas en distintos órganos judiciales.

Todo comenzó el 6 de febrero de 2009, cuando el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió una investigación contra una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP, la cual operaba fundamentalmente en Madrid y Valencia. La operación fue bautizada como "Gürtel", palabra que en alemán significa "correa", apellido del cabecilla de la trama, Francisco Correa.

Ese mismo día, dos funcionarios de Justicia se personaron en la Conselleria de Turismo para reclamar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo con Orange Market -la filial valenciana de la trama, dirigida por Álvaro Pérez "el Bigotes"- referidos al pabellón de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) de los años 2005 a 2009.

La Audiencia Nacional remitió la práctica totalidad del procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al haber aforados de su Asamblea, excepto la denominada "causa de los trajes", que concluyó en Valencia el pasado mes de enero con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa.

Durante la investigación, el instructor del TSJM constató posibles irregularidades en la contratación entre empresas vinculadas a Francisco Correa y la Administración valenciana, y mencionaba como más significativos los expedientes de Fitur 2005 a 2009 y la contratación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la visita del papa a Valencia en 2006.

Asimismo, citaba posibles delitos electorales en los comicios de 2007 por presunta financiación irregular del PPCV mediante el pago por empresas de deudas que tenía ese partido con Orange Market, además de una supuesta falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante las elecciones generales de 2008.

El TSJM se inhibió entonces en favor del TSJ valenciano, que en mayo de 2011 aceptó la causa y la dividió en tres piezas; dos de ellas son la relativa a supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y la de presunto delito de falsedad en las elecciones generales de 2008.

La tercera pieza investiga la posible prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón de Fitur entre 2005 y 2009, durante la etapa de gobierno de Camps.

El magistrado instructor del caso en Valencia, José Francisco Ceres, citó a declarar entre abril y mayo pasados a una treintena de imputados, entre ellos los responsables de la red corrupta, empresarios y varios cargos del PP, como seis diputados autonómicos.

El instructor ha hecho público hoy un auto por el que pone fin a la instrucción referida a esa pieza y procesa a varias personas, entre ellas el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, al apreciar indicios de tráfico de influencias y prevaricación.