El juez situó ayer al borde del banquillo de los acusados a los principales cabecillas de la trama Gürtel: Francisco Correa, Cándido Herrero, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes». Los cuatro fueron testigos en la causa de los trajes, pero ahora sí han sido procesados. El magistrado aprecia indicios de la comisión de un delito de cohecho activo en Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. El instructor también imputa tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude a la Administración Pública y falsedad en documento oficial a los responsables de Orange Market Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa, Mónica Magariños, Isabel Jordán y Cándido Herrero.
El auto incide en que las personas vinculadas a Orange Market, sobre todo Pablo Crespo y Francisco Correa, decidieron en el verano de 2004 que podría ser interesante presentarse a la próxima edición del concuso de Fitur «dado que su cuantía era muy importante y se trataba del primer año que podían hacerlo ya que se constituyeron en 2003».
El magistrado sostiene que para conseguirlo llegaron a la conclusión de que debían contactar con algún cargo relevante de la Agencia Valenciana de Turismo que «les pudiera facilitar dicha adjudicación y que tuviera experencia dentro de la misma, así como ascendencia y jerarquía sonre los encargados de redactar los borradores y pliegos de contratación». El juez incide en que descubrieron que la persona ideal era el director de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret. Según el magistrado, los líderes de la trama eran conscientes de que Betoret asesoraba a la presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo, la consellera Milagrosa Martínez.
El auto hecho público ayer detalla que personas vinculadas a Orange Market elaboraron un borrador con los criterios de adjudicación del stand de Fitur con el fin de lograr el contrato. La policía acudió a finales de mayo a la sede de la Agencia Valenciana de Turismo por orden del juez para comprobar si se envió información privilegiada a la red para que optara con ventaja a los contratos de Fitur. El magistrado José Ceres constató que las empresas del grupo Correa «fueron informadas con anterioridad» de las condiciones de las adjudicaciones y los criterios del borrador fueron aplicados.
El PPCV nombra un instructor para los procesados
El Comité de Derechos y Garantías del PPCV nombró ayer a un instructor que se encargará de analizar las medidas oportunas, según los estatutos del partido, que deban adoptarse en relación al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, a las ex conselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, tras la decisión del juez de procesarlos por presunta prevaricación en las adjudicaciones a Orange Market S.L. del estand de Fitur. Ayer se reunió el comité disciplinario del partido, que ya tenía prevista esta cita, y designó al instructor que analizará la situación de estos tres diputados autonómicos del PP para «proceder de acuerdo a los estatutos del partido», de los que el propio presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, fue ponente en el XVII Congreso de Sevilla. El 5 de octubre, en el Comité Ejecutivo Regional del PPCV, se aprobó la propuesta de Fabra de apartar de los cargos que tenían en el grupo parlamentario todos los diputados imputados. Esto implicó la salida de la dirección del grupo de, entre otros, Such, que formaba parte de la Mesa, y Rambla, que era coordinador de economía.
La oposición insta a Fabra a exigir el escaño a los afectados
La oposición en las Corts exigió ayer al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que actúe contra los casos de corrupción en su partido y aparte «de inmediato» a los tres diputados del PP procesados por el caso Gürtel. La presidenta del grupo socialista, Ana Barceló, reclamó a Fabra que «frene el deterioro de la imagen de la Comunidad y no espere a que los tribunales le hagan el trabajo», aunque se mostró «escéptica», pues con su trayectoria lo previsible, dijo, es que «no haga nada». En su opinión, Fabra «es un presidente incapaz» de defender tanto los intereses de los valencianos ante Rajoy como de «poner orden en sus filas apartando a todos los implicados en casos de corrupción y expulsando a los ahora procesados». Mònica Oltra, de Compromís, consideró que el jefe del Consell «está al borde del abismo» y ya solo le quedan a su juicio dos opciones: convocar elecciones o exigir la dimisión de los diputados procesados. Para la portavoz de EU, Marga Sanz, «el proceso de putrefacción está extendido por todos los rincones que ha tocado el PP y es insostenible que esta situación dure un minuto más».
