El Gobierno ha asegurado que puede llegar a suspender determinados vuelos si los ataques con puntero láser que están sufriendo algunos pilotos de las diferentes aerolíneas que operan en España durante las maniobras de aterrizaje continúan.
Así lo puso de manifiesto en su respuesta al portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien el pasado 26 de noviembre remitió una pregunta parlamentaria al Ejecutivo referida a los 36 ataques con puntero láser ocurridos en diferentes aeropuertos españoles cada mes durante el último año, especialmente en Madrid-Barajas, Valencia, Tenerife y El Prat de Barcelona.
En su respuesta, el Gobierno subrayó que los ataques se producen "en todos los casos desde el exterior del recinto aeroportuario" por lo que se comunican de forma "inmediata" a las autoridades competentes en materia de Seguridad, al Sistema Nacional de Sucesos y, si se considera un incidente grave, a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac).
"Desde el punto de vista de la seguridad aeronáutica, en función de la situación que se está produciendo se toman las medidas mitigadoras convenientes. Normalmente dichas medidas consisten en difundir la situación a los operadores aéreos que se pudieran ver afectados, pudiendo llegar, en caso necesario, a la suspensión de las operaciones", añadió el Gobierno en su respuesta.
Acopio de información
En paralelo, también se está reuniendo toda la información existente sobre los incidentes ya acaecidos, que serán analizados para "determinar un mapa de riesgo, tanto geográfico como temporal", que permita tomar las medidas pertinentes para "adelantarse en lo posible a cualquier ataque".
El Gobierno subraya que el procedimiento establecido se está aplicando de forma "uniforme" en todos los aeropuertos de AENA, donde "se han implantado Sistemas de Gestión de la Seguridad que evalúan de forma continua los peligros que afectan a la operación concreta de cada aeropuerto y definen, cuando es necesario, las medidas mitigadoras adecuadas para mantener el riesgo detectado a un nivel tolerable o aceptable".
Como la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana (SOCV) recordaba hace unos meses en declaraciones a Levante-EMV, a pesar de que la comercialización de los punteros láser de gran potencia está restringida por ley a usos profesionales, su adquisición se ha generalizado en los últimos tiempos por la facilidad de encontrar estos productos a través de internet, donde no se informa al usuario de la peligrosidad que entraña su utilización.
