La causa sobre el supuesto saqueo de los fondos públicos de la depuradora de Pinedo, el denominado caso Emarsa, que puede alcanzar los 40 millones de euros, va por los 41 imputados y 102 tomos de diligencias cuando se han cumplido dos años de la presentación de la querella que dio origen a la instrucción, denuncia firmada por uno de los ahora principales investigados, el exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo.
La prolija causa judicial investiga la gestión que entre 2004 y 2010 llevó a cabo la ahora extinta Entidad Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), empresa pública creada por el Ayuntamiento de Valencia y los municipios de l'Horta para gestionar esa planta, la más grande de la Comunitat Valenciana, y el saneamiento de aguas residuales de Valencia.
La liquidación de Emarsa en 2010 puso de manifiesto una serie de irregularidades, como un agujero económico de 17 millones de euros y un posible desfalco de 40 millones, que el PSPV llevó a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas. De momento, el juez estima que el presunto desfalco es de 25 millones de euros, y es por eso que las fianzas fijadas van encaminadas a recuperar esa cantidad.
En noviembre de 2010, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que era la propietaria de Emarsa, presentó una querella contra dos de los directivos de Emarsa, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, y varios empresarios por delitos de estafa, administración desleal y malversación de fondos públicos. La firmaba Enrique Crespo.
A partir de ese momento comenzó una investigación judicial a la que se dedica en exclusiva un juzgado, el número 15 de Valencia cuyo titular es Vicente Ríos, y que ha dado lugar a la apertura de 102 tomos de diligencias, con miles de folios y de CD, y de varias piezas separadas, una de ellas para investigar si los 22.770.000 euros que cobraron los padres y hermano de Enrique Crespo eran en realidad del exalcalde de Manises.
La causa investiga los posibles delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, contra la hacienda pública, falsificación documental, fraude fiscal y estafa en Emarsa, y se está analizando el patrimonio de todos los imputados, sus familiares directos y sociedades implicadas, con la colaboración de dos inspectores de Hacienda del Estado en funciones de auxilio judicial.
Según las investigaciones, el saqueo en Emarsa se originó a través de una trama corrupta que empleó sus relaciones contractuales con la empresa pública para enriquecerse ilícitamente, sobre todo en las operaciones de tratamiento de lodos a precios "abusivos", trabajos no realizados o el gasto "desmesurado" en caprichos de los gestores. También mediante obras de reforma que nunca se hicieron o que se cobraron con facturas hinchadas.
Durante las declaraciones de los imputados, que comenzaron en octubre de 2011 y todavía continúan, han trascendido gastos de los directivos por miles de euros en compras de artículos de lujo, viajes de placer con gastos pagados -en ocasiones acompañados de supuestas traductoras rumanas, que realmente trabajaban en clubes de alterne de Benidorm-, sobrecostes y pagos en Andorra, Malta o China.
De las 40 personas imputadas, una de ellas está en prisión, y otra en orden de busca y captura internacional. El juez considera que, a tenor de las diligencias practicadas y de la naturaleza y las dimensiones de la investigación que se lleva a cabo, "resulta imposible hacer una previsión, siquiera aproximada, acerca del tiempo que deberá emplearse en finalizar la instrucción".
Según Vicente Ríos, de la instrucción se desprende la existencia de "numerosísimos indicios" de que un "número ciertamente considerable" de personas, integrantes de Emarsa y ajenas a ella, se "concertaron para obtener un beneficio ilícito a costa de los fondos de la sociedad". Muchos de ellos son personas vinculadas al PP de Valencia y l'Horta.
